Con una frase, el rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Raúl Gil, resumió cómo gestionan la casa de altos estudios, en el contexto del desfinanciamiento de las universidades en el país: “Hacemos una economía prácticamente de guerra”, en la que necesariamente hay que establecer propiedades.
En una semana marcada por los paros, la UNSL declaró la emergencia presupuestaria y salarial. La decisión fue adoptada por el Consejo Superior, que le exigió al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795 y dispuso continuar el acompañamiento a las acciones judiciales impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La declaración del Consejo se dio en el contexto de la crítica situación que atraviesa el sistema universitario argentino en general. En la sesión del martes 17, el órgano de gobierno de la casa de altos estudios analizó el impacto que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario tiene sobre el funcionamiento de las universidades públicas.
La Ley, sancionada por el Congreso de la Nación, tiene por fin garantizar el financiamiento adecuado del sistema universitario y la recomposición salarial de los trabajadores docentes y nodocentes.
La falta de aplicación de esta normativa afecta directamente el desarrollo de las tareas propias de la Universidad —docencia, investigación y extensión—, así como las de gestión que hacen posible su funcionamiento cotidiano.
Explicaron que la insuficiencia de recursos impacta de manera directa en las políticas de bienestar estudiantil, entre ellas, la asignación y sostenimiento de becas para alumnos, que son herramientas fundamentales para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso en la educación superior.
El Consejo Superior instruyó al Rector a continuar con las acciones judiciales iniciadas en conjunto con el CIN, para demandar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y la garantía de los recursos necesarios para el sostenimiento del sistema universitario público.
La palabra del rector
“La intención del Consejo Superior, en mi mirada, es un reconocimiento de que así, la situación no puede continuar, de que estamos en un estado crítico salarial para los empleados de la universidad de los dos claustros, tanto docente como nodocente, y crítica para las funciones sustantivas de la universidad (enseñanza, investigación y extensión) por falta de financiamiento público a través de los gastos de funcionamiento”, resumió el rector Gil.
Dijo que, en la práctica, la universidad “va a tener que hacer lo posible para que los estudiantes la sigan encontrando abierta, con sus clases”. “Y, por otro lado, redoblar los esfuerzos, los sindicatos, y los rectores a través del CIN, para que finalmente, la Ley de Financiamiento, que es tan necesaria, finalmente se aplique”, sumó. La Ley ha sido suspendida por el Ejecutivo Nacional y judicializada por el colectivo de los rectores a través del CIN.
En su oportunidad, Gil dijo que la UNSL hace frente “a prioridades con fondos propios”, que entran por fuera de la referida Ley y que resultan ser insuficientes. Gil mencionó como prioridades la infraestructura y las cuestiones operativas y logísticas de las unidades académicas y del Rectorado, la obra social y el comedor universitario. Reconoció que esto implica no poder planificar a mediano y largo plazo y dejar en pausa cuestiones importantes, por ejemplo, iniciar o avanzar en infraestructura que responda a la demanda de albergar a mayor cantidad de estudiantes en ciertas carreras. En tal sentido, “se aprobó un presupuesto (para 2026) donde eso estaba en claro”, refirió.
