En noviembre de 1881 nueve maestras se rebelaron debido a la falta de pago de sueldo y los descuentos arbitrarios.
Afines de noviembre del año 1881, la directora de la Escuela Graduada y Superior de la ciudad de San Luis, Enriqueta Lucio Lucero, junto a ocho maestras de la institución, protagonizaron la primera protesta docente de la historia argentina. Las docentes tomaron la determinación de cerrar la escuela a la que asistían 315 alumnas debido a la falta de pago de sus salarios durante los últimos ocho meses de trabajo y a los 9 descuentos y recortes arbitrarios que venían sufriendo desde hacía seis años.
Corría el 20 de noviembre de 1881 y esa acción de las maestras puntanas, que es considerada como la primera lucha de los docentes en el país, fue acompañada de una nota de reclamo enviada al gobernador de la provincia, Zoilo Concha, con copia al “señor superintendente general de Educación”, nada menos que Domingo Faustino Sarmiento. Así el “Padre del Aula”, el “Maestro de América” tuvo que enfrentar la primera protesta docente en el país.
En la carta, las maestras detallaban los motivos de su decisión y estaba firmada por la propia Enriqueta Lucero junto a Luisa Saá, Rosario Figueroa, Tomasa Fernández, Josefina Saá, Bernabé Moreno, Urbana Moreno, Gregoria Sarmiento, y Rosario Adaro. Allí exponían no sólo que habían pasado “8 meses sin que se nos hayan pagado nuestros haberes devengados”, sino que, de lo cobrado meses y años anteriores, una parte era “vales a Tesorería” que “no valen casi nada en los comercios”. Denunciaban además que en las planillas figuraban sueldos más altos que en los que realidad percibían, exponiendo una práctica común ya en aquellos años, por la cual el gobierno provincial se quedaba con una parte sustancial de los fondos girados por la Nación para sueldos docentes, destinándolos a “gastos corrientes”.
Con detalles y ejemplos las docentes explicaban en la carta que desde hacía cuatro años, el gobierno provincial les pagaba “tres meses de cada cuatrimestre, dándonos un vale por el mes restante, el cuál lo vendemos por un ínfimo precio”. Y además denunciaban: “Siempre se nos ha descontado por comisiones, cambios de moneda, etc., un 10, 12 y un 18%”. Así, la directora cobraba efectivamente, cuando lo hacía, “61 pesos con 50 centavos de sueldo mensual, en lugar de los 136 pesos que figuraban en planilla”. Lo mismo sucedía con el resto de los sueldos docentes.
En la carta enviada a Sarmiento, las maestras señalaban que realizaban el reclamo “apelando por nuestra parte ante el país entero y la ilustración y sentido justiciero del señor superintendente D. Domingo F. Sarmiento a quien la Nación debe la fundación de su instrucción pública”. Sarmiento denunció el desvio de fondos por parte del gobierno provincial y detectó que esa maniobra era común también en otras provincias. Juramentó que las maestras cobrarían lo que les correspondía y avaló lo que ellas denunciaban al punto que publicó la carta de las puntanas en el “Monitor de Educación”, el órgano de difusión que él mismo había creado como parte de la nueva ley de educación donde se exponía información y datos relevantes del incipiente sistema educativo argentino.
Sin embargo, el destino de las mujeres huelguistas no fue el mejor. Los historiadores Juan W Gez y Urbano J Nuñez refieren que las docentes fueron destituidas el 25 de noviembre, cinco días después de presentada la nota de reclamo. “Tanto la directora como las profesoras fueron separadas de sus puestos como castigo por su proceder irrespetuoso”, señala Núñez. De todos modos, todas continuaron enseñando, pero en otras escuelas.
