Mayte Reina del Portugal Escudero, imputada por estafar a decenas y decenas de vecinos con la venta de lotes que, en realidad, eran propiedad de la Municipalidad de Villa Mercedes, estaba en el Servicio Penitenciario de San Luis desde el 19 de marzo. Y ese, por el momento, fue todo el tiempo que permaneció tras las rejas. Pues el domingo, luego de casi cinco meses con prisión preventiva, la jueza de Garantías 3, Natalia Pereyra Cardini, decidió no extender el encarcelamiento y la liberó bajo la condición de que, mientras esté abierta la investigación en su contra, tiene prohibido salir de la provincia. Sin embargo, no todo está dicho, porque al tiempo que la magistrada dejaba sin efecto la medida de coerción, el fiscal instructor Leandro Estrada y los abogados del Municipio apelaron para que un Tribunal de Impugnación revea la resolución y dé marcha atrás con la liberación.
Si hace lugar a la solicitud de prorrogar la prisión preventiva, el tribunal lo comunicará el jueves 27. Es decir que a 11 días de ser liberada y si los jueces consideran que no están dadas las condiciones para que continúe el proceso fuera del penal, la mujer podría ser encarcelada nuevamente.
Durante la audiencia en la que la fiscalía y los abogados querellantes, Gabriela Escudero Ricarte y Agustín Pereira, requirieron prolongar el encierro, el defensor Carlos Díaz objetó que le parecía excesivo el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF). Argumentó que su clienta no tiene ni la más mínima intención de evadir la acción judicial y remarcó que mientras estuvo en el penal fue una reclusa modelo.
La jueza, finalmente, decidió hacer lugar al planteo de la defensa. Dispuso liberar a la acusada bajo las pautas de que «no podrá salir de la provincia», tampoco contactarse con las otras personas involucradas en la causa, deberá presentarse cada 15 días en fiscalía a firmar el libro de imputados e informar su domicilio en Villa Mercedes.
El 13 de junio, en la audiencia en la que le extendieron la prisión preventiva por última vez, Del Portugal Escudero pidió declarar por videollamada desde la penitenciaría. Aquella vez, en un relato con poca claridad, afirmó que los terrenos en litigio, ubicados al noreste de la ciudad, los heredó de su familia. Y, en otro pasaje de su testimonio, comentó que existen juicios de prescripción adquisitiva en curso.
Sin embargo, ese último punto, según la hipótesis fiscal, no tiene razón de ser. Ya que la mujer no ha ni siquiera iniciado esos juicos y tampoco tendría derecho a comenzarlos, ni mucho menos a ganarlos, visto que no hay ningún nexo o derecho, ya sea familiar, de herencia o posesión, que la ligue a esos lotes.
