Esteban Bustos y Adriel Cabello, los abogados de la exdiputada Anabela Lucero, y Bautista Rivadera, el defensor de los exfuncionarios Exequiel Scarel y Enzo Lucero, hablaron casi tres horas en la audiencia de este viernes, que definiría la continuidad o no en el penal de sus clientes. En ese tiempo trataron de convencer al juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, para que no renovara la prisión preventiva de los tres imputados y de que para nada pondrían en peligro el curso de la investigación si recuperaban la libertad. Hasta sugirieron, tal cual hicieron en numerosas audiencias anteriores, medidas de coerción más morigeradas para que sus asistidos no tuvieran que sobrellevar el proceso penal tras las rejas. Pero otra vez no funcionó. El magistrado resolvió, a pedido de la fiscalía, extender 90 días más el encarcelamiento preventivo de los Lucero y Scarel, es decir más tiempo de encierro de lo que les dictó la primera vez.
Ninguno de los imputados estuvo presente en la sala de audiencias, pero participaron de manera remota, a través de videollamada desde el Servicio Penitenciario de San Luis. De los tres, solo la exdiputada de Alberto Rodríguez Saá tomó la palabra para interceder por su pronta liberación. Como lo ha hecho durante el último mes, apeló a un supuesto delicado estado de salud que atravesaría desde el 17 de septiembre, cuando recibió un pelotazo en el pecho en un playón del penal. Aseguró que dicha lesión le provoca intensos y profundos dolores, que ya le ha valido varias internaciones y por la que su médico le diagnosticó, según ella, que debe ser intervenida quirúrgicamente y de manera urgente en Córdoba.
Pero ninguno de esos argumentos hizo mella en el juez de Garantías, quien no solo coincidió con los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio Fernández en la extensión de la medida restrictiva sino también con el Tribunal de Impugnación que, en su momento, tampoco hizo lugar a los pedidos de liberación. Al igual que ellos, Ortiz expuso que aún subsisten los riesgos procesales de que el curso de la investigación sea obstaculizado por intervención de alguno de los imputados, más teniendo en cuenta que en los últimos días las averiguaciones arrojaron la existencia de, al menos, cuatro nuevos sospechosos de formar parte del vaciamiento del Complejo Molino Fénix y que, en breve, podrían ser también imputados.
Tras oír la resolución del magistrado, los defensores de los Lucero y Scarel adelantaron que no se quedaran con eso, sino que apelarán ante un tribunal de alzada para que revise este nuevo fallo.
La exdiputada y los exfuncionarios del emblemático complejo de Villa Mercedes están con prisión preventiva desde el 24 de agosto. Aquella vez Ortiz les dictaminó 60 días de encarcelamiento, tras las nuevas imputaciones por «asociación ilícita», «destrucción y ocultamiento de pruebas» y «fraude a una administración pública», un combo de delitos que se sumaba a los que ya les habían formulado en marzo pasado, también por ser parte de una presunta banda que robó mobiliario del Molino Fénix, además de haberse alzado con fondos públicos que habrían desviado a sus billeteras a través de una docena de empresas fantasmas.
