La Cámara de Diputados de San Luis aprobó por una reforma al Código Procesal Civil y Comercial, con el objetivo de hacer más rápido y eficiente el funcionamiento de la justicia. El proyecto fue enviado a la Legislatura por el gobernador Claudio Poggi y ahora deberá ser tratado en el Senado para convertirse en ley.
La iniciativa, aprobado con 24 votos afirmativos y 13 negativos, pretende que las decisiones judiciales no se demoren más de la cuenta y que los plazos para dictar resoluciones empiecen a correr automáticamente, sin pasos intermedios innecesarios. Esta propuesta se complementa con la eliminación de la feria judicial, otra idea que impulsa el Gobierno provincial.
El diputado Christian Gurruchaga fundamentó el despacho por mayoría y explicó que la reforma se apoya en dos pilares fundamentales: el plazo razonable, que garantiza a toda persona el derecho a ser oída en un tiempo justo, y la celeridad procesal, que evita que los procesos se prolonguen y retarden el acceso a la justicia.
Otra modificación que busca el proyecto está relacionada con el uso de las denominadas “medidas para mejor proveer”, herramientas que los jueces utilizan para aclarar hechos del expediente. La nueva normativa permite que sean dictadas sólo una vez por instancia, con plazos acotados para su cumplimiento (15 días hábiles, prorrogables por única vez). Si estas medidas se usan sin relación directa con el esclarecimiento de los hechos y generan dilaciones injustificadas, podrán constituir causal de remoción del magistrado interviniente, conforme lo establece la Ley del Jurado de Enjuiciamiento.
Además, se modifica el artículo sobre Retardo de Justicia, fijando que, si un juez no puede cumplir con los plazos establecidos para dictar sentencia definitiva, deberá comunicarlo al Superior Tribunal de Justicia con al menos 10 días de anticipación. Este podrá otorgar una prórroga única de hasta 15 días. Si el juez no cumple, perderá automáticamente la jurisdicción del caso y el expediente será reasignado.
La reforma se trata de una respuesta a una demanda concreta de abogados y ciudadanos: que la Justicia sea más ágil, más previsible y más cercana a los tiempos de la sociedad. Además, es un compromiso con los principios de tutela judicial efectiva, establecidos por la Constitución y por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El proyecto señala que una vez sancionada la nueva ley, se aplicará a todos los juicios que se inicien después de su publicación en el Boletín Oficial. También podrá aplicarse a causas en trámite, siempre que no haya comenzado el cómputo de plazos con la normativa anterior.
