Frente a la ola de amenazas de tiroteos que mantiene en alerta a instituciones educativas de al menos quince provincias, los colegios buscan respuestas con los recursos que tienen. Uno de los casos más llamativos se registró en el colegio San Pablo, en San Fernando, donde la dirección prohibió el ingreso de mochilas luego de encontrar mensajes intimidatorios escritos en los baños del establecimiento. Los alumnos debieron asistir con sus materiales en mano, y aun así los cursos funcionaron casi vacíos durante varios días. Todo ocurre en medio del shock generado por el asesinato de Ian Cabrera, el adolescente que fue muerto dentro de una escuela de San Cristóbal, Santa Fe.
En Villa Mercedes, la Escuela N° 176 Maestra Nélida Esther Pérez de Ferrer dispuso este lunes medidas preventivas en el marco de la misma situación. El Nivel Inicial funcionó con horario reducido, de 9 a 10:30 en el turno mañana y de 14 a 15:30 en el turno tarde, mientras que para los niveles Primario y Secundario se tomaron medidas particulares cuyos detalles fueron comunicados directamente a las familias. Además, la institución solicitó a la Comisaría 8° que reforzara la vigilancia y el patrullaje durante la jornada. Desde la escuela informaron que la Policía y la Justicia ya iniciaron investigaciones para determinar el origen de las amenazas e identificar a los responsables.
La iniciativa del colegio bonaerense, al igual que la adoptada en Villa Mercedes, generó reacciones encontradas. Entre los padres predominó el respaldo, con testimonios que destacan la tranquilidad de saber que se toman precauciones. Sin embargo, desde la propia conducción del colegio San Pablo reconocieron los límites de estas medidas. El vicedirector fue claro al respecto: la solución no puede construirse únicamente desde la escuela, requiere del trabajo conjunto con las familias y de la intervención del Estado.
El debate que abre esta situación va más allá de una mochila o un horario reducido. Implica preguntarse hasta dónde pueden llegar las instituciones educativas para garantizar la seguridad de sus estudiantes, y qué responsabilidades le corresponden a cada actor de la sociedad frente a una problemática que creció al amparo de las redes sociales y de una violencia que, hasta hace poco, parecía ajena a las aulas argentinas.
