El receso invernal que desacelera la actividad en los tribunales de Villa Mercedes pareciera no impactar en el curso de las averiguaciones en la causa Molino Fénix, que tiene imputados a Anabela Lucero, la exdiputada ligada a Alberto Rodríguez Saá, y su pareja, el diputado Lucas Beltrán, por los delitos de «Peculado», «Administración fraudulenta», «Abuso de autoridad» y «Malversación de caudales públicos» y a los exfuncionarios que trabajaban con ellos en el complejo, Exequiel Scarel, Enzo Lucero y Diego Torres acusados de «Peculado» y «Administración fraudulenta». El fiscal instructor 3, José Olguín, informó, sin dar mayores detalles, que incorporaron más evidencia y que están a la espera de lo que resuelva el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de San Luis sobre quién debe decidir entorno a la competencia de otorgar o no una prórroga para extender los tiempos de la investigación. Por todo ello, el funcionario público remarcó que el expediente está lejos de encontrarse paralizado.
“La causa no está caída. Lo único que se está discutiendo es la competencia de quién debe conceder la prórroga de la investigación”, aseguró el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF). También dijo que en las últimas semanas agregaron elementos probatorios y, desde la fiscalía, solicitaron nuevas medidas para producir más pruebas. Según remarcó, el funcionario y su equipo trabajan bajo un estricto «criterio de objetividad».
Adelantó que la suma de elementos probatorios podría significar, a la postre, nuevas formulaciones de cargos y, por ende, más imputaciones que complicarían todavía más la situación procesal de los exfuncionarios albertistas.
A principios de mayo, el fiscal adjunto Marcelo Palacios había requerido una audiencia para ampliar los cargos contra Lucero. De acuerdo con el escrito que presentó, la exlegisladora es considerada «a prima facie» coautora de asociación ilícita, fraude a la administración pública y sustracción de medios de prueba, en concurso real, junto a los otros sospechosos.
Dicha audiencia había sido fijada para el 5 de junio. No obstante, el mismo MPF pidió después que fuera reprogramada debido al «voluminoso material probatorio a analizar» y en resguardo del derecho de defensa.
