El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió este viernes en Casa Rosada a gobernadores de Catamarca, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y a la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, quienes presentaron un reclamo conjunto: elevar al 50 % la coparticipación federal del impuesto a los combustibles.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue encargado de elaborar los estudios fiscales necesarios. Fuentes del Ejecutivo señalaron que la propuesta se evaluará mediante un eventual proyecto de ley que no afecte el equilibrio de las cuentas públicas.
Además, se está estudiando estabilizar los envíos a través de ATN para hacer más previsible la asignación de recursos provinciales. Durante la reunión, los mandatarios denunciaron que el Gobierno “ejecutó menos del 50 % del 28,5 % destinado al fideicomiso de infraestructura vial” y expresaron que esos fondos deben revertirse en obras concretas.
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, sostuvo que “la merma de los recursos coparticipables complica seriamente el funcionamiento de los estados provinciales” y exigió “alternativas urgentes” como una distribución más equitativa de los ATN.
Desde la Provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto agregó que el recorte de recursos se ve agravado por mayores responsabilidades provinciales en salud, educación, seguridad, justicia, contención social y obra pública.
Por su parte, en el Gobierno estiman que la caída de la coparticipación excede el 26 % interanual en mayo. Reconocen la razonabilidad del reclamo, pero prefieren definir un esquema antes de octubre, previo a la campaña para las elecciones legislativas.
La propuesta, que podría elevar el porcentaje coparticipable al 50 %, llega en un contexto de fuerte tensión fiscal: según el IARAF, los impuestos nacionales crecieron su presión tributaria en 2024, mientras que los provinciales se debilitaron. Con esto, los gobernadores esperan revertir parte de ese desequilibrio, especialmente con recursos que financian infraestructura y obra en provincia.
Se espera que en los próximos días el Ejecutivo analice una contraoferta y que el tema se vuelva a discutir en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en busca de un acuerdo que contemple tanto la urgencia fiscal provincial como las restricciones nacionales.
