En pocos días más girará el bolillero donde estarán incluidos unos 1800 miembros de los tres poderes del estado. Todos deberán pasar por las pruebas.
Unos 1800 funcionarios de los tres poderes del estados provincial participarán del sorteo que se realizará en los próximos días y que decidirá quienes serán los primeros cien en realizarse los llamados “narcotest”, según estipula la ley aprobada el año pasado por la Legislatura.
Si bien el gobernador Claudio Poggi, el vice Ricardo Endeiza y el resto de la primera línea del gabinete provincial ya realizó voluntariamente las pruebas, la idea es que alcancen a todos los funcionarios del Ejecutivo, además de legisladores (diputados y senadores) y jueces, defensores y fiscales del Poder Judicial, además de integrantes del Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo.
Para eso se conformó un equipo que dará operatividad a la llamada ley de “Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico” que organizara cómo se realizarán los testeos y a quienes alcanzará. Está integrado por miembro de los tres poderes del Estado.
El Poder Ejecutivo quedó representado por Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión y el abogado Bruno Fernández. El Poder Judicial designó como miembro titular a Ivanna Alvarado Magallanes y el Poder a los secretarios Legislativos de las Cámaras de Senadores y Diputados, Said Alume y José Cabañez Lanza, respectivamente “Todos los funcionarios públicos están identificados por un número que será entregado a la Caja Social y Financiera de San Luis, responsable de la Lotería. Y se pedirá que haga el sorteo por 100”, explicó Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis.
Durante esta semana la lotería recibirá los 1800 números correspondiente a cada uno de los funcionarios de los tres poderes y sorteará a los primeros 100, en presencia de un escribano público. El equipo que actúa como autoridad de aplicación será el único que tendrá la información sobre quienes salieron sorteados y procederá a notificarlos ya sea vía correo electrónico o whatsapp.
A partir de allí, los sorteados tendrán 24 horas para presentarse a realizar el narcotest.
“Quien se oponga o no asista a la segunda notificación en el caso del Poder Ejecutivo cesa en sus funciones. En el caso del Judicial y del Legislativo, queda incurso en mal ejercicio de las funciones y, por lo tanto, sujeto al jurado de enjuiciamiento o juicio político, respectivamente”, dijo Bazla.
En principio se realizaría un sorteo por mes, quitando los que van saliendo sorteados hasta completar la totalidad de los funcionarios. De esa forma se cumplirá con lo que establece la ley: obligatoriedad y la aleatoriedad en el sorteo.
Controles y Costos
Los análisis estarán a cargo de los profesionales de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Se buscarán restos de cocaína, marihuana, anfetaminas y otras drogas legales en cantidades excesivas Según la ley, el costo de los análisis toxicológicos (que en diciembre ascendía a 40 mil pesos), correrá por cuenta de los funcionarios públicos sorteados.
“Primero, el sorteado hace una declaración jurada de lo que consume. Si por ejemplo aparece un consumo excesivo de clonazepam, se le pedirá la prescripción médica”, aclara Bazla. En caso de que el test de positivo, todos tendrán la posibilidad de pedir una contraprueba, que se realizará en la Universidad Nacional de Córdoba. El costo en este caso ronda los 150 mil pesos y también estará cargo del funcionario. Pero además la positividad estará sujeta a una escala.
“Por ejemplo —dijo Bazla— en una escala de 1 a 10, si da 2 va a tener un tratamiento de contención que estará a cargo de un centro de prevención de adicciones”. Si se trata de un funcionario del Ejecutivo, el gobernador dictará un decreto de cese de sus funciones. “En el caso de los diputados y senadores, constituye causal de juicio político y se comunica al organismo interno del Poder Legislativo. Y en el caso del Poder Judicial, se formula ante el jurado de enjuiciamiento”, dijo Bazla.
