Un hombre de San Luis al que investigan desde hace meses por tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) no solo poseía esos archivos, sino que los compartía y distribuía a través de aplicaciones de mensajería, incluso utilizando aplicaciones para ocultar archivos, indicaron las pericias realizadas como parte de la pesquisa judicial.
Los peritajes, además, permitieron documentar la existencia de más MASI. El lunes pasado, en audiencia ante el Juzgado de Garantía N° 2 de la ciudad de San Luis, la fiscal de Género N° 2, Antonella Córdoba, confirmó la existencia de más de 125 videos y 109 imágenes categorizadas como material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, almacenados en teléfonos celulares, un pendrive y cuentas en plataformas como Google Fotos y Telegram.
Sobre la base de esta información, la Fiscalía le formuló cargos por los nuevos hechos al imputado, modificó la calificación legal y solicitó la prorroga de la preventiva por sesenta días, a los fines de preservar el proceso investigativo. La jueza Agustina Dopazo hizo lugar a las medidas requeridas por la fiscal, de modo que el acusado va a continuar privado de la libertad en la Penitenciaría provincial.
Los peritos hallaron “los directorios donde se encuentran alojados estos videos relacionados a la aplicación Telegram y una aplicación denominada calculadora HideU, la cual sirve, entre otras cosas, para ocultar archivos multimedia. Se encontró además una conversación con un contacto donde el usuario no solo recibe, sino que también comparte, es decir, distribuye material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes”, informó Córdoba.
La investigación se inició a raíz de un reporte enviado el 21 de febrero de 2025 por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de EE.UU., organización que recibe alertas de plataformas como Meta, Google y TikTok cuando detectan contenido sospechoso. El informe alertó sobre la presencia de archivos multimedia con contenido de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes vinculados a una cuenta digital registrada en la provincia.
El análisis técnico inicial realizado por el Departamento de Investigación de Delitos Complejos, del Poder Judicial de San Luis, determinó la existencia de 23 archivos (21 videos y 2 imágenes) con representaciones sexuales explícitas de menores, la mayoría de ellos de menos de 12 años. Parte del material habría sido subido a plataformas digitales entre los años 2018 y 2021.
Con el correr de la investigación, encontraron más videos y fotos, almacenadas en distintos soportes. “En uno de los teléfonos se observó la tendencia de videos con contenido sexual disponible para el acceso del usuario, es decir, visibles, y también un gran volumen de videos que han sido eliminados, pero aún se encuentran almacenados en la memoria del dispositivo”, explicó la fiscal.
El Ministerio Público Fiscal le atribuyó la figura penal de facilitación, distribución y tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años, agravadas por tratarse de víctimas menores de 13 años, en concurso real, conforme al Código Penal.
Córdoba fundamentó el pedido de prórroga de la preventiva en la existencia del riesgo procesal de fuga ya que el imputado de 40 años no cuenta con un trabajo formal registrado, y el de entorpecimiento, dado que se encuentran pendientes pericias como una cámara Gesell a una niña que es hija de su pareja.
La Fiscalía también recordó que el imputado tiene causas en trámite por abuso sexual en la Fiscalía de Género y advirtió que la tenencia y difusión de material de explotación sexual infantil “no es un delito sin víctima, sino que revictimiza permanentemente a los niños, niñas y adolescentes, dado que cada vez que se visualiza constituye una forma de prolongación del daño”. El Defensor de Niñez, Sebastián Privitera, adhirió a todo lo expresado por la Fiscalía.
