La audiencia de formulación de cargos por el vaciamiento del Complejo Molino Fénix contra la ex diputada albertista, Anabela Lucero, su pareja el diputado provincial Joaquín Beltrán y los tres ex funcionarios Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres, fue nuevamente suspendida. La razón se debe al reciente apartamiento del juez de Garantías Santiago Ortiz, quien sostuvo que debía excusarse de la causa para asegurar la imparcialidad del proceso, debido a una relación comercial que existe entre un hermano de él y Beltrán.
Entre los numerosos delitos por los que el fiscal instructor José Olguín espera imputarlos están «Robo calificado por ser en poblado y en banda», «Peculado» y «Defraudación a la administración pública».
Debido al apartamiento voluntario de Ortiz, la causa pasó a manos del juez de Garantías 1, Alfredo Cuello. El magistrado, entonces, dispuso la suspensión de la audiencia hasta que quede confirmada su aceptación o él se oponga y el caso pase a un Tribunal de Impugnación para que resuelva sobre la excusación de Ortiz.
El fiscal no obstante comentó que espera que pronto, entre el viernes y el lunes, haya una resolución de parte del Tribunal de Impugnación. Una vez que los magistrados traten el apartamiento de Ortiz, fijarán una nueva audiencia de formulación de cargos contra los cinco ex funcionarios.
El fiscal instructor reconoció que, si bien estos movimientos no hacen más que dilatar el proceso judicial, reconoce que «son las reglas del juego» y que no teme que la causa vaya a «foja cero». «Están todos los recursos puestos. Hay una recusación, se contesta y se sigue. Hay un pedido de nulidad, se responde si tiene razón o no y se avanza», manifestó.
Sobre el repentino apartamiento de Ortiz, el representante del Ministerio Fiscal expresó que, a su manera de ver, no tiene razón de ser porque no existe ningún vínculo entre el magistrado y la pareja de Lucero. «Él dijo que se excusa por razones de decoro, pero la verdad es que la relación la tiene un hermano de él con Beltrán, quien le alquila un departamento», dijo. Aclaró que el hermano del juez se dedica hace 30 años al negocio inmobiliario y la relación comercial que tenga por el alquiler de un inmueble no significa que el juez de Garantías tenga una conexión con el diputado.
