El Gobierno nacional resolvió despedir a Santiago Aurand, un empleado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que se encontraba con licencia médica por motivos psiquiátricos, pero al mismo tiempo trabajaba en el ámbito privado. Además, deberá pagar una multa de 5,5 millones de pesos.
El caso fue denunciado por el propio organismo y quedó en manos de la Oficina Anticorrupción, que verificó que el trabajador, domiciliado en Córdoba, había tramitado una licencia médica para ausentarse de su puesto entre mayo de 2021 y noviembre de 2023. Durante ese período, sin embargo, prestó servicios en una empresa privada vinculada al sector agropecuario.
Según detalló el organismo de control, el exempleado no sólo incurrió en una “falta grave de ética pública” y en “un uso indebido de fondos del Estado”, sino que también vulneró los principios de buena fe y transparencia que deben regir en la administración pública.
Aurand, que trabajó durante más de dos décadas en el INTA, dio una conferencia de prensa en la sede del gremio ATE San Luis en la que denunció que las autoridades provinciales de ese organismo a quienes responsabilizó de generar esta situación para perjudicarlo.
La sanción incluye su desvinculación definitiva del Estado y la imposición de una multa equivalente al monto total percibido de forma irregular, junto con intereses. La Oficina Anticorrupción destacó que este tipo de medidas busca desalentar conductas fraudulentas y proteger los recursos públicos.
El caso se inscribe en el marco del proceso de auditorías y con trol de legalidad que el Gobierno viene impulsando en los diferentes organismos del Estado, con el objetivo de depurar irregularidades y fortalecer la transparencia institucional
