En medio de los dos allanamientos simultáneos que realizan en las oficinas de una estación de servicio y las instalaciones de una distribuidora de agua de Villa Mercedes, en busca de registros contables ligados a fondos públicos que presuntamente desaparecieron en el Molino Fénix, el fiscal instructor José Olguín aclaró que el círculo de supuestos implicados en dicha causa de corrupción está lejos de cerrarse. «Es muy probable que hayan terceras personas», comentó mientras supervisaba una de las requisas, en las que rastrean el destino de, en principio, 900 millones de pesos que habrían movido, a través de facturas falsas y cheques endosados, la exdiputada albertista Anabela Lucero, su pareja el diputado Joaquín Beltrán, los exfuncionarios Exequiel Scarel, Enzo Lucero y Diego Torres y una docena de «empresas fantasmas».
Olguín aclaró que en los procedimientos policiales de «Combustibles Argentinos» y «Agua Pura» buscan documentación para acreditar «el destino final de los fondos sustraídos en el Molino Fénix». Contó que, a lo largo de las averiguaciones, surgieron los nombres de esas dos firmas y que, ahora, lo que tratan de probar, con la fiscalización de dos contadoras, es si en esas compañías se desempeñan o guardan conexión alguna con las «terceras personas» en cuyas cuentas bancarias terminó depositado el dinero que desapareció en la administración del emblemático complejo villamercedino.
El fiscal repasó que el entramado de corrupción se dio en dos etapas. La primera de ellas consistió en el vaciamiento de las instalaciones de la Casa de la Música, es decir la apropiación de elementos de ese lugar, y la segunda tuvo que ver con la supuesta defraudación de fondos públicos que fue ejecutado durante dos años, «mediante actos de sustracción».
El funcionario explicó que, mientras esperan que la Cámara de Diputados de la Provincia trate el pedido de desafuero de Beltrán, que presentaron hace casi tres semanas, ya solicitaron a la administración de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) y varios bancos «muchísima información» sobre las compañías que habrían operado con Lucero y el resto de los imputados.
Pues la idea, remarcó el fiscal, es culminar con la investigación cuanto antes. Así, a fin de año, a más tardar, el Ministerio Público Fiscal ratifica la acusación, con sus respectivos pedidos de pena, y solicita la inminente elevación a juicio.
