Luego de analizar la presentación en la que el exjefe de Gabinete y ex vocero presidencial justificaba el origen de sus millonarios gastos, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra Manuel Adorni deje de ser abordada como un potencial caso de enriquecimiento ilícito y sea girada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para que inicie allí otro recorrido que investigue una posible evasión tributaria. En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que no hay indicios para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito y tampoco puede descartar que el capital cuestionado al ex jefe de ministros de La Libertad Avanza lo haya obtenido antes de su llegada al Poder Ejecutivo.
Tras el requerimiento del fiscal, la defensa de Adorni había presentado un escrito en el que justificó que muchos de los gastos que estaban bajo la lupa, como la mansión en Indio Cuá con cascada y todo y un departamento en Caballito, fueron abonados con ahorros en Bitcoins que logró amasar entre 2014 y 2018.
Según esa explicación, el exfuncionario compró criptomonedas de forma presencial y personal con vendedores a quienes les pagaba en efectivo. En total, había invertido unos 200 mil dólares en ocho billeteras que, tras liquidarlos años después, se convirtieron en 591.544,61 dólares.
Pero, después de analizar las direcciones de Bitcoin y el patrimonio de Adorni desde que cumplió los 18 años, Pollicita habría advertido que no existe suficiente evidencia para contrarrestar la versión del exjefe de Gabinete.
Ahora el juez Ariel Lijo debe establecer si aprueba la resolución del fiscal y declara la incompetencia de la Justicia Federal para proseguir con las averiguaciones ya en el ámbito del fuero Penal Económico.
