La iniciativa fue concretada tras una reunión de trabajo con la ministra de Hacienda e Infraestructura Pública, Eugenia Sosa Herrera, con el propósito de instrumentar planes de refinanciación de fácil acceso que ofrezcan condiciones ventajosas en materia de plazos de amortización y tasas de interés para los vecinos en situación de morosidad.
La norma proyecta la creación del ‘Programa de Desendeudamiento Familiar’, un marco legal concebido para que los ciudadanos con compromisos financieros atrasados puedan reorganizar su economía doméstica a través de la consolidación de sus pasivos.
El alcance del plan abarca obligaciones contraídas mediante préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito u otras modalidades de asistencia crediticia. Estas acreencias incluyen deudas asumidas con compañías financieras, billeteras digitales, entidades bancarias y firmas afines reguladas por la Ley Provincial Nº VIII-0278-2004 (5565), además de cualquier otra institución operativamente autorizada por el Banco Central de la República Argentina.
Cómo funciona
El esquema articulado por el Ejecutivo provincial insta a las entidades financieras a poner a disposición de los deudores planes de regularización especiales. A modo de compensación, la provincia otorgará exenciones en los tributos provinciales sobre dichas operaciones de refinanciación. El mecanismo prevé además instar a las instituciones bancarias y crediticias que se adhieran o presenten planes de desendeudamiento a ofrecer promociones, descuentos y esquemas de reintegro que estimulen las compras en los comercios locales. (Ver detalle aparte: “Impulso…”)
El proyecto marca que la cesión de recursos fiscales por parte del Estado no será irrestricta: la ley fija como requisito legal y condición indispensable de aprobación que el beneficio tributario se traslade de manera obligatoria al ciudadano. En consecuencia, los bancos y financieras deberán conceder reducciones sustanciales en las tasas de interés, quitas efectivas de capital e intereses acumulados, períodos de gracia y plazos de pago extendidos.
Desde el Gobierno remarcaron que esta resignación fiscal representa una inversión directa en el bienestar de los hogares, permitiendo volcar fondos públicos para reducir el costo efectivo de las cuotas mensuales.
A su vez, las autoridades destacaron que la posibilidad de achicar los montos de pago y sanear los antecedentes crediticios generará un efecto dinamizador en la economía de San Luis, devolviendo a la población su capacidad de pago y la posibilidad de volver a acceder al crédito en el sistema formal.
Cómo es el mecanismo de incentivo y exigencias fiscales
El proyecto establece una articulación directa entre el Estado provincial y el sector financiero privado:
-El Gobierno insta a los bancos y financieras a poner a disposición de los deudores en mora planes de refinanciación de fácil acceso.
-A cambio de otorgar estas facilidades, la Provincia concederá exenciones de tributos provinciales a las entidades sobre las operaciones de refinanciación realizadas.
-Condición indispensable por ley: La resignación de recursos fiscales por parte del Estado exige obligatoriamente a las entidades financieras transferir beneficios concretos al ciudadano. Entre las condiciones que deben incluirse de manera obligatoria se destacan:
— Tasas de interés sensiblemente más bajas que las vigentes.
— Quitas efectivas sobre el capital e intereses acumulados.
— Plazos de amortización extendidos en el tiempo.
— Otorgamiento de períodos de gracia.
De este modo, los fondos públicos resignados a través de beneficios tributarios se traducen directamente en cuotas mensuales de menor costo efectivo y planes de pago accesibles para las familias en mora.
Nuevo programa “Impulso al Consumo Familiar”
De forma integrada, dentro del mismo paquete legislativo remitido a la Legislatura, el proyecto incorpora la creación del programa ‘Impulso al Consumo Familiar’, una medida de Estado concebida para funcionar en directa sintonía con el plan de desendeudamiento. Mientras la primera herramienta se enfoca en resolver la morosidad y sanear las cuentas de las familias, este segundo programa busca encauzar la capacidad de pago recuperada hacia la dinamización de la actividad comercial en la provincia.
El mecanismo prevé instar a las instituciones bancarias y crediticias que se adhieran o presenten planes de desendeudamiento a ofrecer promociones, descuentos y esquemas de reintegro que estimulen las compras en los comercios locales. Para incentivar la adhesión del sector crediticio a estas promociones, el Estado provincial concederá un crédito fiscal equivalente al 25% del monto total consolidado que cada entidad destine a las acciones de fomento del consumo.
Tal como enfatizó el gobernador Poggi, la articulación coordinada de ambas medidas beneficia tanto al ciudadano deudor como al comerciante y a la capacidad de compra de la sociedad sanluiseña en general, potenciando la colaboración entre el sector público y el sistema financiero.
