Este jueves, el gobernador Claudio Poggi encabezó una reunión de gabinete en el Salón Malvinas Argentinas de Casa de Gobierno, donde presentó el proyecto de ley para avanzar en una reforma parcial de la Constitución provincial. Tal como lo había anticipado en su discurso del 1° de abril ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa busca actualizar aspectos clave de la carta magna con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y adecuarla a los desafíos actuales.
El proyecto propone modificar el artículo 281 para habilitar la sanción de una ley especial que declare la necesidad de la reforma y establezca los temas que deberá abordar una futura Convención Constituyente. En caso de aprobarse con los dos tercios de ambas cámaras, la elección de los convencionales se realizaría en 2027, junto con los comicios provinciales.
La iniciativa fue elaborada con el asesoramiento del constitucionalista Cristian Altavilla y contó con la colaboración de estudiantes avanzados de Derecho de distintas universidades del país. Según se explicó, parte de la base de reconocer que la Constitución vigente -reformada integralmente hace 40 años- ha sido sólida, por lo que se apunta a una actualización parcial y no a un cambio total.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la limitación de la reelección del gobernador. A diferencia del esquema actual, que permite reelecciones indefinidas con intervalos, se propone un máximo de dos mandatos en toda la vida. En ese sentido, el actual período 2023-2027 sería considerado como el primero, por lo que, de completar un segundo mandato, el gobernador quedaría inhabilitado de forma permanente para volver a postularse.
También se plantea ampliar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, que se extendería del 15 de marzo al 31 de diciembre, con el objetivo de reducir los tiempos de inactividad. En la misma línea, se propone que las elecciones legislativas se realicen de manera unificada cada cuatro años, junto con la elección de gobernador y vice.
En materia institucional, el proyecto busca reforzar la independencia de los Ministerios Públicos, separándolos del Poder Judicial. De esta manera, se establecerían tres estructuras diferenciadas: el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal, cada uno con autonomía funcional.
Otro eje relevante es la incorporación de derechos vinculados a los avances tecnológicos. Entre ellos, se destacan la protección de datos personales frente al uso de inteligencia artificial, la garantía del habeas data para conocer la información registrada sobre cada ciudadano y el acceso a la información pública como herramienta para resguardar la privacidad.
Durante el encuentro, además, se abordó la situación económica provincial en el contexto de la caída de la coparticipación federal. En ese marco, el Gobierno anunció la creación de un fondo de reserva anticrisis equivalente al 8% de los saldos presupuestarios. Según se explicó, esta medida no afectará salarios ni inversiones en obra pública, incluyendo los planes habitacionales.
Desde el área de Presupuesto señalaron que la provincia enfrenta un escenario complejo, con una baja promedio del 7,3% en los recursos durante el primer trimestre del año. El fondo de emergencia apunta a prevenir desequilibrios financieros y garantizar el funcionamiento del Estado ante un contexto económico adverso.
Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo busca avanzar en una modernización institucional que combine previsibilidad política, transparencia y adaptación a las nuevas demandas sociales.
