El gobierno repitió un llamado a licitación por un servicio ya adquirido. Esta vez multiplicó por tres el precio: pagará más de mil quinientos millones. Los detalles de la nueva licitación aparecen como “protegidos”. Dirán quién ganó cuatro días antes de dejar la gestión.
Una revelación periodística de las últimas horas –compartida en medios digitales de la ciudad de San Luis- dejó al descubierto un polémico llamado a licitación por parte del gobierno provincial, en este caso a través de la sociedad estatal que dirige el Hospital “Ramón Carrillo”.
Se trata de la licitación N°50 por $1.563.930.344,76 por el servicio de viandas de racionamiento en cocido y comedor para ese hospital.
¿Qué lo hace polémico?
En primer lugar, que los detalles del servicio a prestar aparecen como “protegidos” en el llamado a licitación, cuyas ofertas se conocerán a cuatro días de que Alberto Rodríguez Saá deje el gobierno.
En segundo lugar, que hace menos de 60 días que la dirección del Hospital, conducido por María José Zanglá, hizo otra licitación por el mismo servicio; fue la N°34, por un monto de $639.866.351,40, servicio que se prestaría desde el 20 de noviembre y por un plazo de 12 meses.
En tercer lugar, que el propio Hospital ya tiene un servicio de cocina en donde se elaboran esas viandas, como quedó comprobado en el material de video que acompañó a esas publicaciones periodísticas y en el que se ve al personal de cocina del Hospital haciendo esas viandas.
La posición de Poggi: “anular con la Ley”.
El gobernador electo Claudio Poggi insistió en que desde la derrota electoral del pasado 11 de junio, Alberto Rodríguez Saá puso en marcha un plan sistemático que involucró a todas las áreas de gobiernos para vaciar las arcas provinciales y de esa manera comprometer a la próxima gestión de gobierno.
Esa idea fue ratificada días pasados en declaraciones que hizo Poggi a la radio Cadena 3, en una entrevista en la que declaró que las obras públicas y contrataciones que se están firmando por estos días “se van a anular con la ley y la constitución en la mano”.
Al millonario y repetitivo llamado a licitación de viandas para los pacientes del Hospital Carrillo se suman otros como una “Ciudad Judicial” y un nuevo acceso vial en Merlo por más de 71 mil millones de pesos, los nombramientos de 58 cargos con sueldos superiores a los 800 mil pesos mensuales reservados a dirigentes del oficialismo, amigos y familiares, un descontrolado pase a planta permanente de personal contratado y el vaciamiento de las reservas provinciales, más de 85 millones de dólares, gestión que Alberto Rodríguez Saá se encargó de realizar personalmente en setiembre pasado y que requirió el consentimiento del ministro de Economía de la Nación, y ex candidato presidencial, Sergio Massa.
Oferentes y camino judicial.
Las licitaciones de mayor volumen económico -71 millones de pesos- son disputadas por tres empresas: Rovella Carranza SA y Serving SRL, licitación N° 17/2023 para la refuncionalización del acceso sur de la Villa de Merlo sobre la Ruta N°1 por $28.650.000.000; y Semisa, licitación N°09/2023 para la construcción de la nueva “Ciudad Judicial” por $41.321.324.726.
Esas ofertas se hicieron a sabiendas de que se aguarda un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hasta allí se llegó luego de que el gobernador electo, Claudio Poggi formulara una acción judicial para evitar que se comprometan fondos de la próxima gestión de gobierno. Ese planteo derivó en un primer fallo de la titular del Juzgado Laboral N°2 de la Primera Circunscripción Judicial, María Eugenia Bona que decretó una medida de no innovar para impedir que el Gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá a través de licitaciones, licitaciones en trámite, adjudicados y / o contrataciones de obra públicas comprometiera el presupuesto de la provincia más allá de su mandado.
Luego el Superior Tribunal de Justicia intervino de forma extraordinaria y los jueces Jorge Levingston, Cecilia Chada, Eduardo Allende y José Guillermo L ́Huillier fallaron contra la medida de no innovar de la Jueza María Eugenia Bona, con lo que liberaron la acción de Rodríguez Saá.
