La causa penal contra los exministros de Seguridad albertistas, Luciano Anastasi y Claudio Latini, el diputado nacional Ernesto “Pipi” Alí y los exintendentes de San Francisco del Monte de Oro y Cortaderas, Jeremías Vivas y Mario Canali, por posibles maniobras de corrupción en el manejo de fondos públicos durante la gestión anterior sigue su ruta en los tribunales de San Luis.
Y antes de que todo desemboque en un juicio oral, en el que algunos de ellos enfrentarán pedidos de pena de hasta cinco años de prisión, la defensa de Anastasi solicitó que sea sobreseído. La defensora oficial Cecilia Cabello, quien lo representa, argumentó básicamente que no hubo nada de irregular en el tratamiento de los contratos por obras públicas que se le cuestionan el exministro, que fueron celebrados bajo la normativa vigente y que los anticipos contaron con la debida autorización.
Pero esos fundamentos no bastaron para convencer a la jueza de Garantía 4, Luciana Banó, ni mucho menos para cambiar el rumbo actual del proceso penal. La magistrada rechazó el pedido de sobreseimiento y no solo eso, sino que también ordenó la inhibición general de bienes por otros 180 días de los otros cuatro imputados.
Anastasi y el resto de exfuncionarios y exintendentes de Alberto Rodríguez Saá son investigados por los delitos de “fraude en perjuicio de la Administración Pública”, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Las averiguaciones, a cargo de la fiscal instructora 6, Linda Maluf, se centran en cinco contratos celebrados en el 2022 entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia y las municipalidades de La Toma y San Francisco del Monte de Oro, para realizar obras de refacción en distintas dependencias policiales.
Los convenios establecían anticipos del 30 % del monto contratado y un plazo de 60 días para finalizar los trabajos. Según la investigación fiscal, los fondos públicos fueron transferidos, pero las obras jamás las ejecutaron y tampoco hicieron los controles pertinentes.
En La Toma, los contratos contemplaban tareas edilicias por un total de $8.801.502,25, mientras que en San Francisco del Monte de Oro las obras proyectadass ascendían a $7.337.352,38.
En su resolución, Banó consignó que los plazos de ejecución de las tareas de La Toma vencieron cuando Anastasi aún era ministro y que no se desprendían de las constancias de la causa intimaciones dirigidas al municipio para exigir su cumplimiento.
En relación a San Francisco del Monte de Oro, la magistrada señaló que, si bien los plazos vencieron después de que el exfuncionario dejara el cargo, es necesario establecer si autorizó las transferencias sabiendo sobre los presuntos incumplimientos anteriores.
Aclaró que, aunque el Tribunal de Cuentas aprobó las rendiciones de los fondos utilizados, ese control hace referencia a la documentación y a los aspectos contables de las operaciones, pero no significa que las obras contratadas hayan sido ejecutadas ni que hayan cumplido con las obligaciones.
Concluyó, en consecuencia, que la aprobación administrativa de las rendiciones no descarta una eventual responsabilidad penal. Por lo tanto —indicó— que aún falta esclarecer qué manejo de los fondos públicos hubo, así como el control de las obras y las responsabilidades que le correspondían a Anastasi durante su gestión.
