La estadía de ocho días de Gonzalo Martín Suárez en el calabozo de una comisaría de Villa Mercedes, por embestir con su auto a Cristian Gil y dejar abandonado a su suerte al motociclista, se cumplió. Es muy probable que, por los antecedentes de otros accidentes de tránsito con víctimas fatales incluso, haya pensado que este jueves recuperaría su libertad. Pero eso no sucedió. Por pedido del fiscal instructor 1, Maximiliano Bazla Cassina y el abogado del damnificado, Gonzalo Estrada, el magistrado amplió las imputaciones en contra del automovilista, le sumó otros dos delitos y le dictó el encarcelamiento preventivo por dos meses.
La semana pasada, el Ministerio Público Fiscal (MPF) no había anticipado su intención de pedir la prisión preventiva. Eso podría significar que este jueves, vencida la prórroga del arresto, no plantearía la medida de coerción más severa.
Pero, en los últimos días, ocurrió algo que complicó aún más al sospechoso de 33 años. Saltó a la luz una prueba fílmica que, a entender de la familia de Gil y de todas las personas que la vieron, resultaba más que válida para requerir el encarcelamiento del conductor del Peugeot 2008.
El elemento probatorio nuevo es un video de una cámara de seguridad privada que registró los minutos posteriores a la colisión, cuando la víctima yacía tendida en una vereda. En la imagen puede verse a un hombre llegar caminando desde la vereda del frente, con las manos en los bolsillos de su pantalón corto, como si pasara por allí circunstancialmente. Esa persona, según unos testigos que estuvieron en la esquina, era Suárez. Al principio no sabían quién era, pues él se había acercado como cualquier otro curioso y habría preguntado quién había atropellado al motociclista.
La familia del motociclista calcula de que volvió a la escena del choque no para auxiliar al chico, sino para constatar si estaba vivo y echar un vistazo panorámico para detectar si en esa zona había cámaras de video que lo hubieran captado. En la filmación que se hizo viral el peatón, que ya todos identifican como el imputado, se arrima a la víctima, se agacha y mueve un poco el cuerpo del joven herido. Mientras estuvo ahí habló por teléfono, dialogó con otras personas y se marchó cuando llegó una ambulancia.
A la luz de esa nueva evidencia, el abogado de la familia Gil solicitó que a la imputación por “lesiones graves culposas en accidente de tránsito agravadas por darse a la fuga y no socorrer a la víctima” le sumaran las figuras penales de “abandono de persona “y “el ocultamiento de prueba”.
Cuando justificó el pedido de encarcelamiento preventivo, el MPF indicó la solidez de la imputación y el comportamiento del automovilista durante y después del incidente vial. Dijo que con su accionar dejó claro de que no tiene intenciones de someterse al proceso penal y hasta puede obstaculizar las averiguaciones si quedaba en libertad.
Estrada coincidió con la fiscalía en que la posibilidad de entorpecimiento está latente. Señaló que todavía existen pericias que generar y su producción corre peligro si el acusado era liberado.
El defensor Gastón Yllera pidió rechazar la prisión preventiva. Argumentó que los riesgos procesales de los que habló el fiscal y el abogado de la víctima fueron «superados». Recalcó que todo lo que pasó constituye un delito culposo, un accidente de tráfico que, usualmente, no trae aparejado un encarcelamiento y que, en ese punto, resultaba crucial que la justicia se ajustara a la ley y no se doblegara a “la presión social y mediática”.
Sugirió, entre otras medidas más leves, la prisión domiciliaria, con el constante monitoreo de una tobillera electrónica.
