El Gobierno nacional avanzó con un ambicioso proyecto de reforma electoral integral que ya fue remitido al Congreso. La iniciativa propone cambios de fondo en el sistema político argentino, aun sin contar con los votos asegurados para su aprobación.
Uno de los puntos centrales del texto es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mediante la derogación del régimen vigente. Desde el oficialismo sostienen que estas elecciones funcionan como “una encuesta nacional” con un alto costo, y estiman que su supresión implicaría un ahorro cercano a los 200 millones de dólares para el Estado. Sin embargo, varios gobernadores, especialmente de la oposición, rechazan la medida al considerar que limita la competencia interna de los partidos.
El proyecto también introduce modificaciones en la Ley de Partidos Políticos, con el objetivo de endurecer los requisitos para su conformación y funcionamiento. En la Casa Rosada lo definen como una “motosierra a los sellos de goma”, ya que apunta a reducir la proliferación de estructuras sin representación real.
Entre los cambios, se establece que la afiliación dejará de realizarse en papel y pasará a un sistema de avales biométricos para evitar irregularidades. Además, cada partido deberá contar con afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral, con un tope de hasta dos millones de electores. Para obtener reconocimiento nacional, las fuerzas deberán tener presencia en al menos diez provincias, en lugar de las cinco actuales.
La normativa también fija nuevas condiciones para conservar la personería jurídica: los partidos que no alcancen el 3% del padrón en una de dos elecciones consecutivas podrían perder su reconocimiento, una medida que impactaría principalmente en las agrupaciones minoritarias.
Otro eje relevante es la incorporación del criterio de “Ficha Limpia”, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos. Esta restricción también alcanzaría a integrantes del Poder Ejecutivo y se presenta como uno de los puntos más sensibles del proyecto.
En materia de financiamiento político, la iniciativa plantea nuevas reglas para los aportes públicos y privados, con mayores controles y límites a las contribuciones, además de una reducción del peso del Estado en el sostenimiento de los partidos.
El paquete de reformas incluye además la suspensión de la elección directa de los representantes al Parlasur, que pasarían a ser designados por la Cámara de Diputados según su composición. A esto se suma la propuesta de eliminar la obligatoriedad de los debates presidenciales, que quedarían como instancias optativas para los candidatos.
Con este conjunto de medidas, el Gobierno busca redefinir el funcionamiento del sistema electoral argentino y avanzar en una transformación profunda de la dinámica política nacional.
