La fecha y el lugar estaban fijados. El Tribunal y el resto de los abogados y diputados que la juzgarían también. Daniela Cristina Torres, quien hasta mayo fue la titular de la Fiscalía de Instrucción 2 de Villa Mercedes, empezaría a ser juzgada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “desobediencia a una orden judicial” en dos hechos. Se vería cara a cara con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de San Luis, que la juzgaría por una serie de supuestos delitos o, al menos, faltas de las que estaba sospechada desde el año pasado y que llevaron a su suspensión hace cuatro meses, con la reducción a la mitad de su salario.
El Tribunal iba a ser presidido por Jorge Alberto Levingston e integrado por Ernesto Álvaro Rodríguez, Sandra Elizabeth Piguillem, Mauricio Secundino Daract, Flavio Andrés Ávila, Gimena Ramírez Couto y los diputados Carlos Roberto Pereira, Ricardo Javier Giménez y Lino Walter Aguilar. Pero no, a último momento, en un comunicado enviado a los medios la tarde del viernes, el Poder Judicial informó que dicho juicio político quedaba suspendido. El martes 9 la letrada había presentado la renuncia a su cargo ante el Gobernador de la Provincia, Claudio Poggi, y el Primer Mandatario se la había aceptado.
Ambos delitos se habrían dado en una supuesta investigación por un robo y un hurto, en el que la exfuncionaria dispuso un allanamiento, ordenó la incautación de casi medio millón de pesos, que no habrían tenido nexo con la causa en sí, y luego se negó a devolvérselo a la damnificada, aunque un juez le llamó la atención por eso.
La primera audiencia por el jury estaba prevista para mañana a las 9. En ese juicio que ya no será también podrían haber ventilado otro hecho que llevó a Torres a tener roces con los jueces federales. Dado que luego de ser denunciada el último trimestre del año pasado, sumó otro problema.
Según le indicó una fuente judicial a Todo un País, la exfuncionaria se habría quedado con dinero que le ordenó a la Policía que incautara en otra requisa, en la que buscaban elementos robados, pero encontraron drogas y las presuntas ganancias de sus ventas. La ex representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) devolvió los estupefacientes a la Justicia Federal, pero no los billetes, aclaró el informante. Sin embargo, desde el Juzgado Federal le insistieron hasta el cansancio para que restituyera el dinero secuestrado. Entregó una parte y lo que faltaba, apenas 30 mil pesos, lo extrajo de su propia cuenta bancaria. Hasta recurrieron a la recientemente jubilada jueza Mirta Ucelay para que la presionara y la convenciera de devolver ese dinero.
