Los gobernadores Claudio Poggi, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego se comprometieron a llevar adelante estrategias para combatir y prevenir delitos.
Al igual que otros fenómenos sociales, el delito también traspasa fronteras y se vuelve más complejo, lo que exige trabajar con aliados y afinar las estrategias para combatirlo. Por ello, los gobernadores de San Luis, Claudio Poggi; Mendoza, Alfredo Cornejo; y San Juan, Marcelo Orrego; firmaron el viernes 31 el convenio para dar marcha al Plan Regional de Seguridad. Lo hicieron en el Arco de Desaguadero, un punto estratégico de Cuyo. Poggi, el primer gobernador que tomó la palabra, consideró que era “un día histórico para Cuyo” ya que las provincias suscribieron “un convenio de cooperación en materia de seguridad, que implica unir fuerzas, inteligencia, logística, decisión política, para dar una lucha frontal contra la inseguridad y el narcotráfico”.
Y continuó: “Que sanluiseños, mendocinos y sanjuaninos sepan que desde las máximas autoridades de cada provincia está la decisión política de trabajar juntos para cuidarlos y para luchar contra un flagelo muy fuerte que es la inseguridad y el narcotráfico”. Antes y después de la firma, en declaraciones a la prensa, Poggi puso especial énfasis en este último punto, la lucha contra el narcotráfico, que es uno de los ejes centrales de la política en materia de seguridad.
“La seguridad es una política de Estado, y la tomamos con mucha firmeza. Creemos en Cuyo, creemos que tenemos que aportar en todos los sentidos, y no solamente lo que tiene que ver la seguridad”, refirió el gobernador Orrego, para luego mencionar que las tres provincias tienen también el desafío de desarrollar la economía regional.
Cornejo destacó el valor de hacer operativos conjuntos, de compartir entre provincias bases de datos, por caso un banco de ADN que Mendoza tiene a disposición. Es “el más grande de Latinoamérica, con 85 mil personas cargadas allí, con una Ley de Orden Público muy fuerte, cualquier delito se carga en esa base de datos”, aseguró Cornejo, y sumó que esa herramienta ha permitido esclarecer muchos casos. “Esa complementariedad permitirá mejor prevención y mejor represión del delito. Y tenemos proyectos más ambiciosos. Queremos contarles que con el gobernador Orrego y Poggi queremos unificar en los pasos fronterizos todos nuestros servicios. No solo el policial, sino también los sistemas fitosanitarios y demás de controles en un único lugar, que permita tener óptima conectividad y optimizar el recurso”, dijo.
Los diez puntos del convenio:
*La colaboración regional: para abordar eficazmente los problemas de seguridad pública que afectan a la región.
*La coordinación interinstitucional: para lograr una coordinación efectiva entre las autoridades locales, regionales y nacionales, teniendo en cuenta la política del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre seguridad regional y otras propuestas a nivel de las jurisdicciones, como los anillos digitales, entre otras.
*El enfoque integral: combina medidas de prevención, disuasión, persecución y rehabilitación para abordar las causas de la inseguridad y reducir los índices delictivos a largo plazo.
*La coordinación operativa: fomenta la puesta en marcha de controles unificados y operativos conjuntos, lo que permite una respuesta oportuna frente a delitos que trascienden las fronteras provinciales.
*La interoperabilidad tecnológica: propone la vinculación de cámaras de vigilancia ubicadas en los límites, lo que posibilita un intercambio eficiente de información y la detección temprana de situaciones irregulares.
*El intercambio de inteligencia: entre las agencias de seguridad de las tres provincias, para identificar patrones delictivos, compartir información sobre grupos criminales y coordinar operativos conjuntos.
*El análisis de amenazas comunes: es decir, identificar y estudiar situaciones que pueden afectar la seguridad de las tres provincias, como el crimen organizado, el tráfico de drogas y la delincuencia transfronteriza, para diseñar respuestas integradas.
*La investigación conjunta: compromete a las provincias a colaborar en investigaciones de relevancia para las jurisdicciones y la región en general, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante delitos complejos y organizados.
*El acceso a la información: supone el intercambio virtuoso de información relevante, garantizando el diseño de políticas estratégicas de seguridad basadas en datos precisos y actualizados.
*La articulación con organismos judiciales de cada provincia: con el objetivo de facilitar la coordinación de acciones entre los organismos de seguridad y el sistema judicial.
