Una fiscal pidió que condenen a seis años de cárcel a un anciano de San Luis acusado de distribuir Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), que almacenaba ciento sesenta mil archivos con ese tipo de contenidos.
El pedido de pena fue formulado por la fiscal adjunta Mercedes García, de la Fiscalía de Género Nº 2 de San Luis, y recayó sobre Eduardo Luis Bonilla, de 72 año, que está con prisión preventiva desde que fue detenido el año pasado, en el marco de la investigación internacional “Aliados por la infancia V” (ver “Cuatro detenidos en San Luis…”).
La Fiscalía le atribuye a Bonilla los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
El pedido de pena fue presentado durante la audiencia de control de acusación que se realizó ante el Juez de Garantía Nº 3 de San Luis, Marcos Flores Leyes. También participaron el defensor de Niñez y Adolescencia Nº 2, Nahuel Lede Zajic, y la defensora oficial en lo Penal Nº 3, Stefanía Cifuentes Quiroga, en representación del imputado.
Durante la audiencia, García sostuvo que a lo largo de la investigación reunieron pruebas suficientes para alcanzar el grado de certeza necesario para acusar a Bonilla por los delitos de “facilitación y distribución de toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas y/o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”, y por la “tenencia de dichas representaciones con fines inequívocos de distribución”. Ambos hechos están agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años.
La fiscal recordó que la investigación se inició a partir de un reporte del 9 de junio de 2025, que detectó actividad ilícita vinculada a una dirección IP asociada al imputado. La IP es una etiqueta numérica única que identifica a cualquier dispositivo (computadora, smartphone, impresora) conectado a una red que utilice el protocolo de internet.
En el allanamiento realizado el 26 de agosto en el domicilio de Bonilla secuestraron dispositivos en los que, de manera preliminar, constataron que entre enero y abril de 2025 descargó y compartió más de 2.500 archivos digitales, de los cuales 370 fueron catalogados como de gravedad severa.
Con el avance de la investigación, el Departamento de Investigación de Delitos Complejos,
