Cintia Ramírez, Marcelo Amitrano y Nicolás Anzulovich son los tres primeros ex funcionarios de Rodríguez Saá que ya fueron denunciados en las Fiscalías N° 1 de San Luis y Villa Mercedes.
“Cuando uno jura el desempeño de un cargo público dice que si no cumple que la Patria se lo demande. Bueno, lo que se pretende ahora es justamente eso, que por lo cual juraron suceda y que, si han cometidos irregularidades, hechos ilícitos, que la Patria los demande. Ese es el objetivo que tenemos y creo que toda la ciudadanía espera lo mismo. La Patria demanda cuando se cometen delitos en administración pública”. Con ese textual el fiscal de Estado, Víctor Endeiza se refiere a las denuncias judiciales realizadas ante las Fiscalías de turno N° 1 de San Luis y Villa Mercedes en las que aparecen involucrados ex funcionarios de la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
Sus nombres son Cintia Ramírez, ex secretaria de Deportes de la provincia de San Luis; Marcelo Amitrano, ex ministro de Producción y Nicolás Anzulovich, ex ministro de Desarrollo Social.
En el caso de Ramírez la denuncia es para que se la investigue por el delito de malversación de fondos públicos -por darles un destino distinto-, peculado -por utilizarlos para ella o terceros-, y fraude a la administración pública porque se transfirió dinero para comprar un colectivo que se pagó más de lo que ese vehículo vale en el mercado.
“El dinero pasaba del gobierno, a través de su secretaría, hacia el ente San Luis Deportes y de ahí al club. Y pagaban los gastos del club como si fuera un particular, es decir, usaba los fondos públicos como si fueran propios de ella” explica Endeiza.
En el caso de Amitrano es denunciado tras quedar involucrado en la investigación que reveló que automóviles que tenía el Ministerio de Desarrollo Productivo, que estaban asignados a su ministerio, se encontraban en poder de terceras personas ajenas al gobierno y que también generaban millonarios consumos de combustible por muchos millones. Esta denuncia es la que está radicada en la Fiscalía en Villa Mercedes.
“Nosotros en la Fiscalía asesoramos a los diversos ministerios para ir viendo la forma en que tienen que juntar la documentación, de cómo se reúnen las pruebas para después presentarlas a la Justicia. Los funcionarios tienen la obligación de hacer la denuncia o eventualmente la hace otro, pero ellos tienen la misma facultad que también la Fiscalía Estado” señala el Fiscal. De hecho su oficina ha intervenido también en la denuncia judicial hecha por un ciudadano contra el ex ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich por presunto enriquecimiento ilícito. “La Fiscalía se hizo parte porque si este delito se ha cometido, el perjudicado es el Estado provincial, así que nosotros vamos a tomar parte para también ver el estado de esa causa e impulsarla eventualmente” dice Endeiza.
Alrededor de la expectativa social por el cúmulo de denuncias públicas sobre “nichos de corrupción” que ha señalado el gobernador Claudio Poggi, irregularidades a la que responsabiliza por la crítica situación económica de la provincia, es surge el textual de Endeiza con el que comienza este artículo.
– ¿Entiende usted también que hay una enorme expectativa por parte de la sociedad por ver cómo evolucionan estas investigaciones y qué es lo que hace la justicia?
– Sí, por supuesto, mire, cuando uno jura el desempeño de un cargo público dice que si no lo cumple la patria se lo demande. Bueno, lo que se pretende ahora es que justamente eso por lo cual juraron suceda y que, si han cometidos irregularidades, hechos ilícitos, que la Patria lo demanda. Ese es el objetivo que tenemos y creo que toda la ciudadanía espera lo mismo. La patria demanda cuando se cometen delitos en administración pública.
La Justicia rechazó una presentación de Catafalmo
El juez de Garantías, Juan Manuel Montiveros Chada rehazó una medida cautelar interpuesta por la ex senadora y ex candidata a vicegobernadora, Eugenia Catalfamo para volver como rectora a la Universidad de La Punta.
Su salida obedeció a una decisión del gobernador Claudio Poggi que intervino esa universidad por seis meses ad referéndum de la Legislatura, con lo cual dejó sin efecto la designación que había hecho Alberto Rodríguez Saá días antes de dejar el poder.
Tanto Catalfamo como Amitrano, que había sido designado Vicerector impulsaron la medida que ahora la Justicia rechazó. Luis Quintas seguirá al frente de la ULP en este periodo de normalización que permitió ponerle freno a las contrataciones y nombramientos político que hizo Catalfamo en cuestión de horas.
