El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rodolfo Aguiar informó que, desde el sindicato, “lograron frenar el decreto antihuelga” que había impulsado la gestión del presidente Javier Milei.
El gremialista afirmó que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº3 “resolvió admitir la viabilidad formal de la acción de amparo contra el Decreto 340/25” que pretendía limitar el derecho a realizar paros como medida de fuerza.
“Queremos destacar esta sentencia de amparo, favorable a nuestro sindicato, valorar el trabajo de nuestro equipo jurídico y celebrar que una Justicia fuertemente cuestionada y desprestigiada, en este caso, ha fallado en favor de los trabajadores, en tiempo y forma. Ha reconocido la inconstitucionalidad manifiesta de este decreto presidencial”, aseguró Aguiar.
En la misma línea, señaló que, mediante esta sentencia de amparo, “se frenan de manera inmediata los efectos jurídicos del DNU 340” y que, además, “ les dan la razón” debido a que “hay un Congreso funcionando” y no existe “ni necesidad ni urgencia comprobada” como para que el Poder Ejecutivo, en esta materia en el que decidió legislar, pueda haber omitido el tratamiento del trámite parlamentario.
Además, indicó que ese DNU “ponía en riesgo el ejercicio de todos los derechos derivados de la libertad sindical” porque el derecho a huelga “ es un derecho humano fundamental”. “Esto prueba que quedan vestigios de democracia en nuestro país. Ese régimen autoritario, que se intenta instaurar, encuentra el límite en aquellos sindicatos o en un movimiento obrero que está decidido a luchar”, planteó Aguiar.
Para finalizar, apuntó contra el Presidente de la Nación y reafirmó que debe saber “que no le tienen miedo” y que no iban a aceptar semejante avance sobre los derechos laborales fundamentales: “Pretendían hacernos retroceder cien años, un siglo, y no pudieron”, concluyó.
Prorrogan la emergencia en el sector energético
El Gobierno nacional dispuso prorrogar hasta el 9 de julio de 2026 la emergencia del Sector Energético Nacional dado que persisten las condiciones de fragilidad del sistema a causa “de la herencia recibida”.
La prórroga abarca: generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, y el transporte y la distribución de gas natural, y los sectores derivados.
Inicialmente, la emergencia dictada en 2023 tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, que luego se extendió hasta el 9 de julio de 2025, y el nuevo decreto la prolonga por un año más. Según el decreto, la prórroga es necesaria porque “persisten aún las circunstancias que motivaron los decretos previos relacionados con la situación de emergencia que atraviesa el sector energético”.
Allí se argumentó que el Gobierno nacional recibió una “herencia institucional, económica y social gravísima”, lo que hace “imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece”.
