Son maniobras detectadas antes de elecciones del año pasado. La presentación es por “malversación de fondos públicos y evasión agravada de recursos de seguridad social”.
Las autoridades actuales de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) ampliaron una denuncia penal contra el ex rector David Rivarola y la exsecretaria de Hacienda, Claudia Grando, por presunta malversación de fondos públicos y evasión agravada de recursos de seguridad social.
De acuerdo a lo expresado por el rector Marcelo David Sosa y el vicerrector Santiago Farenga, las irregularidades ocurrieron en un contexto clave: los meses previos a las elecciones del 16 de agosto de 2023. Según la denuncia, estas acciones dejaron una deuda millonaria que afectó directamente a la institución.
La acusación sostiene que durante la gestión de Rivarola, fondos enviados por la Secretaría de Políticas Universitarias y destinados al pago de salarios y contribuciones patronales fueron redirigidos a inversiones financieras, como los fondos FIMA Premium.
Por ejemplo, en abril de 2023, la universidad recibió más de $110 millones para cubrir gastos de personal y funcionamiento. Sin embargo, $33,75 millones terminaron en cuentas del Banco Galicia, utilizados para suscribir fondos de inversión.
Mientras tanto, las contribuciones sociales, que vencían el 11 de ese mes, quedaron sin pagar, generando intereses y multas. Esta práctica, según los denunciantes, se habría repetido en meses posteriores, elevando la deuda total a más de $187 millones. El contexto electoral en la mira.
Un dato relevante es el momento en el que, según la denuncia, ocurrieron estas maniobras: justo antes de las elecciones del 16 de agosto.
Las autoridades actuales aseguran que Rivarola utilizó los recursos con fines que no estaban previstos, incumpliendo sus responsabilidades como rector. Este manejo, argumentan, no solo generó un grave perjuicio económico, sino que también desvió recursos que deberían haberse destinado al bienestar de la comunidad universitaria.
La ampliación de la denuncia pide que se investiguen los hechos bajo la figura del delito de malversación de caudales públicos, establecido en el artículo 260 del Código Penal. Este delito sanciona a los funcionarios que destinan fondos públicos a usos diferentes de los asignados, especialmente si generan daños al servicio público.
Además, se solicitó el levantamiento del secreto bancario de las cuentas involucradas y se aportó documentación clave, como resúmenes bancarios y el plan de pagos firmado con la AFIP.
El rector Sosa enfatizó la necesidad de aclarar estas irregularidades y exigir rendición de cuentas a los responsables. “La transparencia en el uso de los fondos públicos es esencial. Estos recursos deben servir a los objetivos de la universidad, no a intereses ajenos”, afirmó.
La comunidad educativa sigue atenta al avance de la investigación, mientras las actuales autoridades buscan proteger el patrimonio institucional y evitar que estas prácticas se repitan.
