Si bien la defensa de Cristian David Gregorio Suárez, el hombre que secuestró y apuñaló a su expareja embarazada, en febrero de 2025, había logrado un acuerdo con la fiscalía para no afrontar un juicio oral y público, sino que fuera condenado a través de un juicio abreviado, un tribunal del Colegio de Jueces de San Luis rechazó el convenio y dispuso que el acusado enfrente un debate oral.
La causa había sido elevada a juicio con una acusación por “femicidio en grado de tentativa, doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género; aborto; incumplimiento de una orden judicial y resistencia a la autoridad”.
Suárez, de 42 años entonces, atacó a Paloma, de 18 años, el domingo 9 de febrero del año pasado, en el barrio Eva Perón de San Luis. La joven ya lo había denunciado el 10 de diciembre de 2024 en la comisaría N° 48 de Balde. Y a raíz de esa denuncia el Juzgado de Familia Niñez, Adolescencia y Violencia Nº 2 de San Luis había ordenado una restricción de acercamiento y de contacto a favor de la denunciante y en contra del acusado, por el término de seis meses.
Pero Suárez violó esa perimetral. El día que la abordó en el barrio Eva Perón la subió por la fuerza al taxi Fiat que manejaba y se la llevó. Un vecino que vio la escena alertó a la Policía, lo que inició una intensa persecución hasta cercanías de Balde, 30 kilómetros al oeste de la capital, y de vuelta hacia San Luis.
En ese transcurso, Suárez apuñaló en el vientre a la chica, que cursaba un embarazo de 18 se manas y, desesperada, se arrojó por la ventanilla del auto en movimiento.
Como consecuencia del ataque Paloma sufrió heridas abdominales, perforación intestinal, hemorragia interna y otras lesiones que requirieron una intervención quirúrgica. A raíz de las lesiones también se produjo la interrupción del embarazo.
Suárez continuó la fuga, pero más adelante se topó con un retén policial en la ruta, que le impidió seguir huyendo en el vehículo. Se bajó y empezó a correr, pero fue perseguido y capturado por la Policía.
El acuerdo entre la fiscalía y la defensa contemplaba una pena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo. Había sido presentado el 4 de septiembre ante un tribunal del Colegio de Jueces.
La causa había sido elevada a juicio con una acusación por “femicidio en grado de tentativa, doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género; aborto; incumplimiento de una orden judicial y resistencia a la autoridad”.
Durante la audiencia de juicio abreviado, la fiscal de Juicio Virginia Palacios –hoy suspendida en sus funciones, envuelta en un escándalo que habla de un plan para matarla y de que había recibido una coima en dólares para liberar a un preso– presentó el acuerdo alcanzado con la defensa y propuso modificar la calificación jurídica. La nueva calificación era de “lesiones graves agravadas por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género”.
Al fundamentar la modificación, la Fiscalía había sostenido que la evidencia reunida no permitía acreditar, con el grado de certeza requerido para una condena, la intención de Suárez de matar a la víctima.
La defensa, ejercida por Ramiro Rubio, prestó conformidad con la nueva calificación jurídica y con la pena de nueve años de prisión. Suárez reconoció su responsabilidad y aceptó las condiciones del juicio abreviado. La víctima también expresó ante el Tribunal su conformidad con el acuerdo.
Pero al analizar la propuesta, el Tribunal tuvo en cuenta la evidencia incorporada a la causa, entre ella la historia clínica y quirúrgica de la víctima.
Según señala la resolución, la joven recibió tres puñaladas sobre el costado izquierdo: una a la altura del corazón, otra en cercanías del ombligo que atravesó el intestino delgado y una tercera en la zona pélvica que produjo un corte en el útero. Las lesiones requirieron intervenciones quirúrgicas.
La resolución también consideró el contexto en el que se produjo la agresión. La joven se encontraba contra su voluntad en el asiento delantero del vehículo conducido por Suárez, quien circulaba a una velocidad aproximada de 140 kilómetros por hora.
Mientras sufría las agresiones logró pasar al asiento trasero y desde allí se arrojó al asfalto para escapar, lo que le provocó otras lesiones y golpes. En ese momento estaba embarazada.
Ante las distintas calificaciones jurídicas planteadas en la causa, el Tribunal consideró que correspondía rechazar el trámite abreviado y realizar el juicio oral para resolver el caso.
LA FISCAL PALACIOS
“La apuñaló, no sabemos si la quiso matar”
Al presentar el acuerdo con la defensa y la modificación de la acusación contra Suárez, la fiscal de Juicio Virginia Palacios había sostenido que la evidencia reunida no permitía acreditar, con el grado de certeza requerido para una condena, la intención de Suárez de matar a Paloma, pese a haberla secuestrado y apuñalado en el vientre.
