Este viernes, en los tribunales de Villa Mercedes, tuvo lugar la audiencia en la que estaba previsto que los fiscales que investigan a Anabela Lucero, su pareja el diputado Joaquín Beltrán, el ex jefe de Eventos, Enzo Lucero, el ex coordinador del Teatro, Diego Torres y el ex coordinador de la Casa de la Música, Exequiel Scarel, por el vaciamento del Complejo Molino Fénix durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Pero la ex diputada albertista ni siquiera compareció a tribunales y, como si eso fuera poco, el resto de los abogados de los investigados recusaron al juez Santiago Ortiz. La Justicia hizo lugar al planteo de esos defensores y, por lo tanto, la audiencia en la que serían acusados formalmente Lucero y compañía fue postergada hasta nuevo aviso.
La audiencia se extendió durante tres horas, con un cuarto intermedio incluído. Ante la ausencia de Lucero, los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio recordaron que la ex diputada fue debidamente notificada sobre la citación para presentarse la mañana de este viernes 21 en los tribunales. En el caso de no presentarse, evaluarán la posibilidad de instarla a concurrir por la fuerza pública, bajo el apercibimiento de ser detenida si vuelve a desobedecer.
Los abogados de Beltrán, Gonzalo Estrada y Carlos Cobo, plantearon la nulidad de la denuncia hecha por un ex funcionario del gobierno que estaba a cargo del Molino Fénix. Entre otros argumentos, mencionaron la falta de ratificación de la denuncia.
Los fiscales, por su lado, pidieron que rechazaran tal planteo de la defensa por ser extemporáneo y el hecho de que la denuncia está incorporada para dar inicio a un proceso. Explicó que quien denunció, como funcionario que era, tenía «la obligación de denunciar en caso de tener una sospecha de la comisión de un delito, una vez que la Fiscalía toma conocimiento se debe investigar». También dijo que la denuncia fue ratificada.
Flavio Ávila, el abogado querellante, señaló también que fue ratificada y fue el elemento gracias al cual la Fiscalía tomó conocimiento de los hechos que investigan. Recordó, además, que son delitos de acción pública.
Tras un cuarto intermedio, el juez resolvió rechazar el pedido de nulidad. Manifestó que no existe la nulidad por la nulidad misma y que, en este punto de la causa, la denuncia es tomada «como válida, como un mero anoticiamento para generar por parte de la Fiscalía instrucción y los imputados ejercer el debido derecho de defensa».
Sin embargo, los defensores de Beltrán plantearon la recusación del juez por «temor a parcialidad». Y el magistrado hizo lugar.
