En la primera reunión del Consejo Superior el rector reconoció que la “licuación” del presupuesto que impone la Nación los pone en una situación “difícil”, pero que aún “no es crítica”.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis declaró la emergencia económica, financiera y administrativa por el término de 120 días. Así lo resolvió durante primera reunión de este año que además tuvo un escenario especial: el máximo órgano de Gobierno universitario sesionó en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles (ENJPP), algo que no sucedía desde la década del 80, cuando la UNSL ocupaba las instalaciones del Escuela. La declaración de emergencia vino de la mano de la preocupación del rector de la UNSL, Víctor Moriñigo, debido al escenario financiero y económico que atraviesa la casa de estudios puntana, un panorama que se replica en el resto de las universidades nacionales dado que el gobierno nacional no les actualizó el presupuesto. “Tenemos el mismo dinero que el año pasado, pero lo precios no son los mismos”, dijo en clara referencia a la inflación de más del 200% que se registró a lo largo de 2023.
Al no haber recibido una actualización presupuestaria, las universidades tienen que afrontar este año con recursos “licuados”. Moriñigo dijo que la situación “aún no es crítica en función de que se pueden realizar acciones para poder ir sorteando lo que va a ser un año muy difícil”.
El rector se refirió además a situaciones puntuales como el atraso de los sueldos de enero, la eliminación del FONID y la Ley Ómnibus que modificaba varios artículos de la Ley de Educación Superior. Y destacó el rol importante y de respeto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante este panorama. “El CIN —dijo—ha marcado una línea clara en donde hemos decidido los canales oficiales de diálogo con el gobierno nacional. Tuvimos un acercamiento con el secretario de Educación de la Nación y con el Subsecretario de Políticas Universitarias donde se les plantearon temas como el presupuesto para gastos de funcionamiento; el salario docente; la preocupación por las becas nacionales; obras; y sobre cómo se pagarán los fondos ya asignados en otro gobierno para programas», explicó. Sin embargo, reconoció que esas gestiones fueron “inconducentes”. Por eso, el CIN decidió pedir una audiencia a la ministra de Capital Humano para explicarle que hay una dependencia directa del gobierno nacional para con las universidades públicas ya que no tienen fuentes de financiamiento alternativas. “El presidente y vicepresidente del CIN con el Rector de la UBA, nos entrevistaremos con quien sea y haremos un recorrido por el gobierno nacional”, dijo.
Pese a la difícil coyuntura, Morínigo aseguró que en la UNSL ninguna fuente laboral corre peligro.
