El gobierno de Claudio Poggi abrió una nueva etapa —exigente y de gran escala— para su política de desarrollo habitacional en la provincia de San Luis. A fines de la semana pasada anunció que en diciembre empezarán los sorteos para el plan “Tenemos Futuro”, que abre dos caminos de acceso a la vivienda: el primero, casas construidas por el Estado, de 57 metros cuadrados, financiadas en 300 cuotas ajustadas según el salario mínimo. El segundo, módulos de autoconstrucción asistida, con materiales y acompañamiento técnico provincial, también con un esquema de 300 cuotas.
Esta fase se abre porque Poggi, desde que asumió en diciembre de 2023, logró completar las construcciones pendientes de los programas Progreso y Sueños, desarticulados durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá. También porque facilitó a unas 5 mil familias el acceso a las escrituras que las convirtieron en propietarias plenas de sus hogares.
Todo sucede en un trasfondo que sigue preocupando al Gobierno: más de 66 mil familias puntanas —cerca del 35% de la población— no tienen casa y nunca van a poder tenerla sin ayuda del Estado, según la encuesta oficial que sustentó la declaración de Emergencia Habitacional por cinco años.
Herencia y cambio
Ya fue planteado mil veces, pero en el Gobierno no quieren que se pierda el contexto: Alberto Rodríguez Saá dejó como herencia no solo un Estado casi vaciado, sino un profundo, creciente y dramático deterioro social. No solo en cifras de pobreza, en especial la infantil, sino también en salud, educación y viviendas.
También fue dicho muchas veces, Poggi debió retomar las obras de los planes Progreso y Sueños, que habían sido frenadas cuando dejó su primer mandato, en 2015. En pueblos como Los Molles, en estos días, se concretaron entregas que permitieron dar por finalizada esa etapa: seis familias recibieron sus casas. Ese gesto político, aunque con números que no deslumbran, intenta marcar un cambio de lógica: no más proyectos sin terminar ni adjudicaciones truncas.
En paralelo, el Gobierno avanzó con un proceso de regularización dominial sin precedentes. Bajo el programa “Escriturá tu Casa”, este mes en Villa Mercedes se entregaron 182 escrituras y certificados de “Protegé tu Casa”, lo que sumó un total de unas 5 mil escrituras en la actual gestión. Este plan eliminó una tasa del 30% y articuló con el Colegio de Escribanos, lo que hizo accesible un trámite que era farragoso y caro. A esto se agregan decretos de regularización y readjudicaciones que intentaron sanear un mapa plagado de conflictos legales y ocupaciones informales.
La idea oficial es clara: sin papeles al día no hay política habitacional que pueda sostenerse en el tiempo.
El nuevo plan
Con la herencia encaminada, Poggi apostó a lanzar un programa integral. El nombre elegido, “Tenemos Futuro”, apunta a instalar la idea de continuidad y horizonte de estabilidad. El esquema se apoya en dos modalidades distintas:
· Vivienda estatal tradicional: casas de 57 metros cuadrados en lotes de 312 m², con dos dormitorios, baño y cocina-comedor-estar. El financiamiento prevé 300 cuotas de $250.000, ajustadas por el salario mínimo vital y móvil.
· Autoconstrucción asistida: un módulo inicial de 30 m² (cocinacomedor, baño y un dormitorio), con materiales y asistencia técnica aportados por la Provincia, y mano de obra más terreno a cargo del beneficiario. El costo: 300 cuotas de $60.000, también actualizables.
La innovación está en el mecanismo de adjudicación. El proceso arranca con una validación digital de datos vía SMS, que empezará esta semana. Cada inscripto deberá confirmar identidad y documentación con su DNI y un código único. Ese paso habilita a participar en el sorteo por localidad y modalidad, previsto para diciembre. Los ganadores luego deberán hacer la validación presencial. En caso de falsedad, quedarán excluidos del padrón. La primera entrega de viviendas se proyecta para fines de 2026, antes de Navidad.
Lo que viene
De aquí a fin de año, las claves en materia de viviendas para el Gobierno estarán en tres ejes. Primero, la depuración del padrón de inscriptos, a partir de la validación digital. Segundo, la organización del sorteo en diciembre, que será un hito. Y tercero, la firma de convenios con municipios para abrir frentes de obra que permitan mostrar avances concretos.
La apuesta oficial es que, para fines de 2026, la primera tanda de familias reciba su casa. Ese plazo es ambicioso si se tienen en cuenta los tiempos administrativos, la inflación en los costos de construcción y las tensiones financieras en el país. Pero el Gobierno provincial sostiene que la política de viviendas es una urgencia ineludible.
Un déficit urgente
La magnitud del problema habitacional en San Luis fue explicitada por el propio gobierno: 190.000 personas, casi un tercio de la población, sufren déficit habitacional en alguna de sus formas, ya sea por falta de vivienda, hacinamiento o precariedad. Con ese diagnóstico, la Legislatura aprobó a mediados de año la Ley de Emergencia Habitacional por cinco años. La norma no solo autoriza redireccionar partidas presupuestarias, sino que obliga a un relevamiento de tierras fiscales para generar nuevo suelo urbano y habilitar convenios con municipios y privados. El Ejecutivo apuesta a que la construcción de viviendas se convierta en motor de empleo y dinamización económica, en un contexto nacional atravesado por la recesión y la caída del consumo.
