Las cifras evidencian lo provechoso que ha resultado el programa de “Fortalecimiento institucional” que puso en marcha el Gobierno de San Luis ni bien comenzó la actual gestión: con las últimas certificaciones de entidades intermedias que obtuvieron la regularización, ya son más de 200 las nuevas ONG constituidas en la provincia.
El viernes pasado, en un acto realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, otras 27 entidades recibieron el aporte económico para sus iniciativas y 11 lograron el decreto de regularización ante Personería Jurídica. Así, ya quedaron conformadas 212 nuevas ONG, que lo lograron a partir de la simplificación de los trámites de constitución dispuesta por la Dirección de Personería Jurídica del Ministerio de Gobierno.
A la fecha, hay registradas 1.601 organizaciones en la provincia, de las cuales 811 alcanzaron el estado de regularidad absoluta.
“Mi reconocimiento a la tarea de ustedes, porque son ciudadanos que se han involucrado en una institución y le dedican su tiempo, parte de su tiempo, a donar, a representar un club, un centro cultural, una cooperadora, un centro de jubilados, una comisión vecinal”, expresó el gobernador Claudio Poggi, que entregó en mano los decretos de financiamiento.
Y escuchó atentamente la explicación de los dirigentes sobre cuál será el destino de los fondos. “Eso es muy valorable, tener parte del tiempo de uno, o sacrificar otras cosas, en pos de representar y trabajar para el bien común de un sector de la sociedad”, destacó.
Las entidades apoyadas por “Fortalecimiento institucional” desempeñan un papel esencial en la promoción del bienestar social, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil. Por ello, el Estado fomenta y promueve su desarrollo y su regularización administrativa y legal.
En la ceremonia del último viernes participaron el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain; la directora de Personería Jurídica, María Lorena Domínguez, junto con legisladores, funcionarios y miembros del Gabinete.
“Cuando asumimos la gestión en diciembre de 2023, nos encontramos con que no sabíamos a ciencia cierta cuál era la existencia, cuáles eran las entidades que trabajaban en la provincia de San Luis, tanto regularmente como irregularmente o en la informalidad. Por eso determinamos un reempadronamiento obligatorio de entidades que fue gratuito, online y que duró hasta el día 20 de mayo de 2024”, señaló Domínguez.
“Y aún sigue vigente porque hay entidades que ven que estamos trabajando, que el programa avanza, que las otras entidades van creciendo, y resuelven reempadronarse y empezar este camino de regularización y capacitación”, agregó.
Desde la puesta en marcha de “Fortalecimiento institucional” ya se capacitaron 4.548 dirigentes, que incorporaron herramientas para mantener la institución en esa condición en el futuro e incluso la iniciativa de las 212 nuevas que se constituyeron.
El viernes recibieron su acreditación 27 organizaciones de San Luis, Juana Koslay, La Punta y Estancia Grande. Con ellas ya son 405 asociaciones que recibieron el aporte económico. Son de distintas poblaciones, como la ciudad de San Luis, La Toma, Merlo, Villa de la Quebrada, Carpintería, Luján, Batavia, Beazley, Juana Koslay, Concarán, Bagual, Estancia Grande y El Zapallar.
El programa de fortalecimiento de las ONG prevé el financiamiento de proyectos sociales para aquellas que cumplieron los requisitos de reempadronamiento, la regularización ante la Dirección de Personas Jurídicas y seis jornadas de capacitación para presidente, secretario y tesorero.
OPINION
Se agrava la situación de las responsables del geriátrico en Daract: ¿Y la Justicia?
Opinión Dr. Rafael Berruezo.
La situación de la responsable del geriátrico de Justo Daract se ha agravado tras el fallecimiento de uno de los adultos mayores que residía en el establecimiento. Este hecho impacta directamente en la imputación inicial, ya que el delito de abandono de persona, previsto en el artículo 106 del Código Penal, ahora se ve agravado por el fallecimiento, elevando la escala penal de 5 a 15 años de prisión.
Dado este nuevo escenario, sumado a los demás delitos por los que ya estaba siendo investigada, la pena máxima podría alcanzar los 21 años de prisión. Esta gravedad en la conducta imputada exige una pronta intervención judicial, con la inmediata presentación de la responsable ante el Juez de Garantías para la formulación de cargos y el dictado de prisión preventiva.
Sin embargo, surgen interrogantes sobre la actuación de la Justicia en este caso. Se han señalado demoras en la investigación, como la decisión de permitir que la acusada regresara a su domicilio, lo que pudo haber facilitado la eliminación de pruebas clave sobre el trato a los residentes del geriátrico. Además, no se descarta la posible desaparición de documentos u otros elementos que podrían haber sido secuestrados durante el allanamiento.
Ante esta situación, cabe preguntarse: Si se hubiera actuado con mayor celeridad al momento de la denuncia, ¿el desenlace habría sido diferente? ¿Se avanzará ahora con la detención de la responsable del geriátrico? ¿La Justicia sigue en feria judicial o comenzará a tomar medidas urgentes en febrero?
El caso genera gran preocupación y exige respuestas inmediatas por parte de las autoridades judiciales.
