La ex titular de la Fiscalía de Instrucción 2 de Villa Mercedes, Daniela Cristina Torres, está imputada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “desobediencia a una orden judicial”. Dicho así suenan muy elegantes los delitos que le endilgan, pero precisados en detalle la exfuncionaria acabó en esa situación porque se habría quedado con casi medio millón de pesos de un allanamiento, efectivo que nada tenía que ver con los supuestos robos que averiguaba. Terminó de devolver casi toda esa plata, pero fue después de que un juez se lo ordenara en reiteradas audiencias, en las que el magistrado, además, descubrió que Torres le había mentido cuando le aseguró que el dinero estaba en una cuenta de la procuración y no era así. Pero esa es solo una mínima parte del escándalo y demás basura que la mujer habría ocultado bajo la alfombra.
Otro colega descubrió que se habría quedado con unos 100 mil pesos que un delincuente le pagó para que cerrara una causa en su contra. A eso se le suma que después, se habría apropiado de casi dos millones de pesos de un allanamiento de una supuesta investigación que jamás continuó; y dicha plata luego desapareció. También tuvo choques con los jueces federales, porque en otra requisa habría incautado drogas y dinero, ese efectivo tampoco habría querido restituírselo a la Justicia Federal.
El pasado martes 16 la exfiscal empezaría a ser juzgada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de San Luis. Pero ella quiso evitar ese juicio político y el martes anterior le presentó la renuncia a su cargo al Gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y el Primer Mandatario se la aceptó.
No obstante, las imputaciones por los otros delitos continúan en pie. Por eso hace un par de días Torres solicitó una audiencia para plantear la nulidad de esos dos cargos. La jueza de Garantías 3, Natalia Pereyra Cabrini, le hizo lugar. Ni la exfiscal ni su abogado, Hugo Scarso, participaron de la audiencia de manera presencial, sino de forma remota, a través de una videollamada, dado que ambos viven en la ciudad de San Luis.
El defensor planteó la nulidad de la formulación de cargos, llevados a cabo el 31 de julio, porque considera que el juez que presidió esa audiencia y aceptó la imputación contra la letrada no era competente. El fundamento para sostener que Santiago Ortiz era incompetente tenía que ver, por un lado, porque la competencia “debería haberse determinado por la fecha de inicio de las actuaciones y no por la de un allanamiento”.
Pero ese era el argumento más suave para requerir tal nulidad, Scarso planteó “la inhabilidad moral”, puesto que existe una de denuncia de Ortiz contra Torres ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Hasta ahí informó el Poder Judicial, a través de sus voceros. La parte que no mencionan es que el juez Ortiz en noviembre de 2023 denunció un delito muy grave que afectó a un familiar de él. Además, la persona a la que el magistrado apuntaba, es decir el denunciado, no era cualquiera, también es un hombre del mundo del Derecho, aunque en Villa Mercedes no se lo conoce tanto por el ejercicio de su profesión, sino porque alguna vez fue funcionario y ocupó durante varios años algunos cargos, siempre bajo el lema de que era bien peronista. Lo cierto es que sobre ese letrado pesaron alguna vez denuncias por violencia de género hacia exparejas.
Un año y medio transcurrió y la exfiscal no avanzó en las averiguaciones de ese caso. Trascendió que ordenó un allanamiento un mes después de la denuncia, cuando el abogado ya se sabía denunciado. Le secuestraron algunos teléfonos, pero para esa altura el letrado ya había cerrado todas sus cuentas de las redes sociales, hasta emails que lo comprometerían. Desapareció del mundo virtual, al menos. En la vida real, camina por la calle o un auto muy tranquilo con su novia, si es que aún la conserva. Ostentando, como lo hacía en sus redes sociales.
La realidad es que a ese hombre, que una vez fue funcionario, ni siquiera le formularon cargos. Por eso, al pasar tanto tiempo, el juez Ortiz ya no sabía cómo pedirle a la fiscal que actuara. La causa y todas las que recayeron en la Fiscalía de Instrucción 2 de Villa Mercedes dejaron de estar a cargo de Torres el 24 de mayo, cuando fue suspendida por todas las denuncias que se le caían encima: por ese dinero que incautó en dudosos allanamientos y que después se negaba a restituir o no habría devuelto.
La resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios no establecía el tiempo que la exfuncionaria estaría suspendida de su puesto, pero sí informaba que en el lapso que durara esa medida ella percibiría la mitad de su sueldo. Ahora que renunció, directamente, no percibe nada. Y si el Colegio de Abogados interviene hasta podría quitarle la matrícula.
Sin embargo, la jueza Pereyra Cabrini no le dio una respuesta inmediata a la exfiscal y a su abogado respecto al planteo de nulidad. Explicó que, “atento a la complejidad de la causa”, emitirá su resolución “en el plazo de ley previsto, citando a las partes a una nueva audiencia que se celebrará el próximo 3 de octubre”.
