La jueza de Garantía Nº 1 subrogante durante la feria judicial, Agustina Dopazo Samper, resolvió prorrogar por noventa días la prisión preventiva de Nicolás Michel Pérez, imputado por 19 hechos de estafa bajo la modalidad de esquema piramidal o Ponzi. El anzuelo con el que Pérez pescaba a sus víctimas era la supuesta compra de teléfonos celulares de alta gama que nunca entregó.
Dopazo adoptó la decisión de mantenerlo privado de la libertad durante una audiencia realizada a pedido de la Fiscalía de Instrucción Nº 1, representada en esta oportunidad por la fiscal subrogante, Débora Roy Gitto, quien solicitó extender por ciento veinte días la medida de coerción. La defensa, a cargo de la defensora oficial en lo Penal Nº 3, Cecilia Cabello, se opuso al planteo y pidió a la jueza que rechazara la prórroga.
Durante la audiencia, la Fiscalía recordó que la investigación sostiene que, entre 2024 y enero de 2026, Pérez habría desarrollado una maniobra fraudulenta mediante la cual captaba inversores con la promesa de obtener importantes ganancias a través de la supuesta intermediación en la compra de teléfonos celulares de alta gama.
Según la acusación, una vez obtenida la confianza de las víctimas, recibía importantes sumas de dinero en pesos, dólares o mediante billeteras virtuales y, tras cumplir inicialmente con algunos pagos, dejó de responder a los reclamos, cerró sus redes sociales y se trasladó a la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.
La Fiscalía señaló que la causa cuenta con diecinueve personas damnificadas y que aún restan producir medidas probatorias relevantes, entre ellas una pericia contable destinada a determinar el perjuicio económico total y reconstruir el circuito del dinero, además de informes de entidades financieras, pericias sobre dispositivos electrónicos y nuevas declaraciones testimoniales.
Al fundamentar el pedido de prórroga, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo que persisten los riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
En ese sentido, remarcó que el imputado no posee arraigo en la provincia de San Luis, que se trasladó a Córdoba luego de los hechos investigados y que aún resta analizar información financiera y digital que podría verse afectada si recuperara la libertad. La defensa rechazó la solicitud al considerar que no existen riesgos procesales que justifiquen mantener la prisión preventiva. Argumentó que el imputado tiene domicilio conocido en la ciudad de San Francisco, Córdoba, donde residen sus padres, que no posee pasaporte y que las pruebas pendientes consisten principalmente en pericias técnicas y movimientos bancarios que, a su criterio, no podrían ser obstaculizados por su asistido.
Al resolver, la jueza consideró que el Tribunal de Impugnación ya había valorado previamente la existencia del riesgo de fuga al revocar la decisión que había rechazado la prisión preventiva y ordenar su cumplimiento. Asimismo, entendió que aún quedan diligencias investigativas pendientes que justifican la continuidad de la medida cautelar.
No obstante, la magistrada estimó que el plazo solicitado por la Fiscalía resultaba excesivo, ya que no existía una fecha determinada para la realización de la pericia contable. En consecuencia, resolvió hacer lugar parcialmente al planteo y prorrogar la prisión preventiva por noventa días, plazo que consideró razonable para avanzar con las medidas de prueba restantes y permitir que la investigación continúe hacia su siguiente etapa procesal.
