El 26 de agosto pasado, la fiscalía de Villa Mercedes había logrado imputar a María Carla Pereyra. Pero allí no se cerraba el círculo. Faltaban las otras dos mujeres que la acompañaron y completaron el cuadro del engaño: su hermana María Beatriz Pereyra y la madre de ambas, Beatriz Catalina Viotto. Las dos comparecieron recién esta semana en los tribunales. A través de su abogado, trataron de deslindarse de la formulación de cargos por “estafa procesal” en su contra, sin embargo, no lo consiguieron. Las acusaron también de tratar de timar a un juez para que resolviera a su favor y obligara, a través de un fallo judicial, a un hombre a abonarles unos 75 mil dólares. Todo bajo el argumento de que esa persona le debía ese dineral desde la dorada y fantasiosa época del “uno a uno” al esposo de Viotto y padre de las Pereyra, cuando en verdad la deuda había sido cancelada en 2010.
Antes de que las imputaciones se volvieran una realidad, Bautista Rivadera, el defensor de las mujeres, le pidió a la jueza de Garantías 3, Natalia Pereyra Cardini, que difiriera el tratamiento o dejara sin efecto la formulación de cargos. Afirmó que sus clientas no incurrieron en ninguna maniobra fraudulenta y requirió que declarase la prejudicialidad. Esto último significa que consideraba que antes de seguir con ese proceso penal lo que correspondía era resolver la causa en la vía civil.
Pero, a la hora de decidir, la magistrada no hizo lugar al planteo de prejudicialidad. Concluyó, en base a las pruebas e hipótesis presentada por la fiscalía, que existieron negocios jurídicos engañosos. En consecuencia, se inclinó por admitir los cargos contra Viotto y su hija. De todas formas, instó a todos tratar de solucionar el conflicto de una manera alternativa.
La estafa procesal se configura cuando alguien intenta manipular a una jueza o a un juez, mediante artilugios falsos para lograr un beneficio propio, perjudicando de esa forma a otros y hasta atentando contra el sistema judicial, pues busca hacer caer en un error a un magistrado o tribunal. Tiene una pena mínima de un año y una máxima de seis.
En la audiencia, el fiscal instructor Maximiliano Bazla Cassina explicó que el origen de todo se remonta a 1992, cuando casi oníricamente un peso argentino valía lo mismo que un dólar de la tierra del Tío Sam. En noviembre de ese año Pereyra padre, a través de una escritura pública, constituyó una hipoteca sobre cinco inmuebles garantizando el pago de 75 mil dólares. Con ese documento dejaba asentado que había entregado una suma de dinero al denunciante y a otras personas.
En el 2000 los inmuebles fueron vendidos. En esas ventas quedó admitida la existencia de la hipoteca y de la garantía de pago.
Una década más tarde, Pereyra padre “reconoció cancelada la hipoteca por el último comprador” y, en el mismo año y contrario a todo, inició un juicio civil, con el que intentó ejecutar la deuda ya saldada.
Él murió, pero sus dos hijas y la madre de ellas continuaron el proceso penal que había echado a andar. La causa terminó con una orden de subasta, que fue frenada a último momento por otro juicio que empezó, por su parte, el damnificado. El hombre fue hasta tribunales y trató de acomodar los tantos. Dejó en claro que la deuda que le reclamaban, de decenas de miles de dólares, ya había sido finiquitada y no le debía nada ni a Pereyra ni su familia.
