El Centro de Asistencia al Trabajo (CEATRA) denunció ante Defensa del Consumidor y la Defensoría del Pueblo una presunta retención irregular de fondos depositados en cuentas sueldo de empleados públicos que mantienen deudas con el Banco Nación.
La organización informó que durante la última semana recibió 47 consultas de trabajadores afectados por esta situación, principalmente del sector de la salud. Según explicaron, los fondos correspondientes a sus salarios permanecen acreditados en las cuentas, pero los titulares no pueden retirarlos, transferirlos ni utilizarlos para realizar pagos o consumos.
«Al principio fueron dos o tres consultas, pero después se fueron acumulando y ya son más de 47 personas. No es una persona aislada dentro de la administración pública», señaló el presidente de CEATRA, Luis Armesto.
Desde la entidad sostienen que las cuentas sueldo poseen carácter alimentario y cuentan con una protección especial prevista en la normativa vigente. En ese sentido, recordaron que los fondos depositados en este tipo de cuentas son inembargables cuando no superan el equivalente a tres veces el promedio de los salarios percibidos durante los últimos seis meses.
Armesto remarcó que, más allá de las deudas que los trabajadores puedan mantener con la entidad financiera, la imposibilidad de acceder a los haberes representa una situación de extrema gravedad.
«El dinero está en la cuenta, pero las personas no pueden disponer de él. No pueden retirar efectivo, hacer una transferencia ni pagar un servicio», explicó.
Según relató, cuando los afectados realizan el reclamo ante el banco reciben posteriormente un mensaje de WhatsApp invitándolos a concurrir a una sucursal para analizar su situación crediticia. Allí, aseguró, se les ofrece refinanciar las deudas pendientes. Para CEATRA, este mecanismo constituye una práctica coercitiva.
«Cuando el empleado reclama por la retención del salario, llega un WhatsApp del banco con la invitación a ir a la sucursal, donde les hacen firmar la refinanciación de la deuda. Por ahí la persona no tiene una verdadera voluntad de refinanciar, pero no tiene alternativa», sostuvo Armesto.
Desde CEATRA advirtieron además que el problema trasciende la situación individual de los afectados y podría repercutir sobre la economía local.
«Nos preocupa la situación de esas personas, pero también el impacto que esto va a tener en la economía local, en los comercios y en los emprendedores que ya son bastante castigados por la ausencia de políticas destinadas al sector privado», expresó Armesto.
Finalmente, la organización reclamó la intervención de organismos estatales para determinar la legalidad de las retenciones denunciadas y garantizar que los trabajadores puedan recuperar el acceso a sus salarios sin afrontar costos adicionales.
«Un espacio administrativo dentro del Estado debería intervenir ante esta circunstancia de abuso», concluyó el presidente de CEATRA.
