El fiscal que investiga a once personas, entre ellas un conocido abogado, en la mega causa por los delitos de asociación ilícita, estafa procesal, falsificación de documentos públicos y privados y su utilización en procedimientos judiciales pidió a la jueza de Garantía que rechace los planteos de nulidad presentados por la defensa de tres los imputados.
El fiscal de Instrucción N° 1 de San Luis, Francisco Assat, consideró que las peticiones de los defensores son improcedentes y carentes de sustento. El martes, los abogados Guillermo Sánchez Pagano, Andrés Fernández, Hugo Scarso y Carlos Varela se presentaron a audiencia ante la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, para plantear excepciones (como prescripciones, cosa juzgada o incompetencia) y nulidades. El artículo 120 del Código Procesal Penal de San Luis establece los plazos y reglas para que la defensa pueda cuestionar la validez del proceso penal.
Sánchez Pagano y Fernández, representantes de Pablo Héctor Herrera y María de los Ángeles Toscano, plantearon la nulidad de las actuaciones y la falta de sustento de las imputaciones.
Sostuvieron que el Superior Tribunal de Justicia autorizó un ingreso ilegal al sistema digital del Poder Judicial, lo que calificaron como un “allanamiento digital”. Según Sánchez Pagano, esta irregularidad viola garantías constitucionales y activa la teoría del “fruto del árbol envenenado”, por lo que todos los actos derivados serían nulos.
También señaló que se vulneró el derecho de defensa, ya que los imputados no fueron notificados oportunamente por la fiscalía y estuvieron dos años sin poder presentar pruebas, nombrar peritos ni participar en pericias.
Los abogados Scarso y Varela, defensores del abogado Juan Cruz Domínguez, afirmaron que la causa es nula desde su inicio, ya que, según ellos, el Superior Tribunal autorizó un ingreso irregular al sistema IURIX, lo que a su criterio constituye una violación al secreto profesional.
También cuestionó la pasividad del Colegio de Abogados y la forma en que se notificó un allanamiento al estudio de su defendido. Varela, por su parte, adhirió a los planteos de nulidad de sus colegas y cuestionó la imputación por asociación ilícita, estafa y falsificación de documentos.
El fiscal Assat, acompañado por la fiscal adjunta Ornella Costa, recordó, respecto del denominado “allanamiento digital”, que un planteo idéntico ya fue resuelto por el Tribunal de Impugnaciones el 9 de diciembre de 2024, que rechazó la nulidad solicitada en aquella oportunidad y convalidó la actuación del Superior Tribunal de Justicia, al haber autorizado informes limitados a expedientes públicos. Destacó que sobre esa decisión incluso hay un recurso pendiente ante el Superior Tribunal, por lo que reabrir el debate en esta audiencia sería contradictorio.
En cuanto a la supuesta violación del derecho de defensa, el fiscal sostuvo que la investigación preliminar no exige notificación a los imputados, y que recién cuando fueron formalmente individualizados —hace un mes— les comunicaron los hechos en detalle.
