A pocos días de conocerse la polémica resolución que otorgó salidas transitorias a Nahir Nazareno Pérez, la causa por el atroz femicidio de Carla Pereira sumó un nuevo y decisivo capítulo judicial. El abogado de la querella, Dr. Maximiliano Del Signore, confirmó que presentó formalmente el recurso de apelación para anular el beneficio, al tiempo que ofreció un testimonio contundente en exclusiva para Todo Un País, revelando graves falencias en los peritajes psicológicos, falta de garantías de seguridad y el desorbitante gasto público que requerirá el traslado mensual del condenado.
Actualmente, las partes se encuentran a la espera de que la Justicia fije la fecha para la audiencia oral en la que se resolverá si se mantiene o se revoca el régimen otorgado al femicida.
Inconsistencias en la Junta Interdisciplinaria: “¿Hizo un curso acelerado de género y ya se curó?”
Uno de los ejes centrales del planteo de apelación radica en las contradicciones detectadas entre las evaluaciones del año pasado y el reciente dictamen de la Junta Interdisciplinaria del Servicio Penitenciario Provincial.
«En la evaluación anterior, utilizando test como ‘Hombre bajo la lluvia’ o ‘Familia’, surgieron claras advertencias de riesgo. Resulta que ahora hicieron una nueva junta que le otorga la salida transitoria citando las mismas advertencias, pero omitieron realizarle los test donde habían surgido las alarmas», explicó el Dr. Del Signore a TUP.
El abogado cuestionó que el argumento para otorgarle la aptitud de reintegración social haya sido el reciente nacimiento del hijo que Pérez tuvo estando en prisión hace cuatro meses:»El femicida, estando preso tuvo visitas íntimas y fue papá hace cuatro meses. Con todo esto de que es padre, de repente ahora resulta que está arrepentido, tiene empatía y sabe el daño que causó. Pareciera que hizo un curso acelerado de género y ya se curó, listo. Eso es lo que cuestiono, cómo armaron todo en la Junta Interdisciplinaria para favorecerle la salida, cuando antes se la denegaban. Los propios informes quieren dar a entender que la ‘empatía’ es un tipo de reparación para la víctima. Es una locura», fustigó la querella.
Un marco legal previo a la reforma y la falta de seguimiento profesional
Respecto a por qué un femicida puede acceder a este tipo de beneficios, Del Signore aclaró las limitaciones del marco normativo:
Vacío temporal de la ley: El crimen ocurrió el 25 de junio de 2017 y la ley que prohíbe de manera estricta los beneficios a condenados por femicidio fue promulgada en agosto de ese mismo año, por lo que a Pérez se le aplica el régimen legal anterior.
Ausencia de tratamiento continuo: Pese a exigirse una evaluación constante de la conducta, la querella denunció que el condenado no cuenta con un seguimiento riguroso. «No se han acompañado tratamientos psicológicos semanales; ha ido de vez en cuando, esporádicamente, a un psicólogo para charlar un ratito en el penal», sostuvo Del Signore.
Sin garantías: La Fiscalía tampoco brinda certezas sobre cómo actuará Pérez fuera del penal, dejando latente el peligro para los allegados de Carla.
«El asesino tiene más derechos»: $4 millones mensuales pagados por los vecinos
Uno de los puntos más indignantes expuestos por la querella es la abismal disparidad en los recursos que el Estado destina para beneficiar al femicida en comparación con la desprotección que padece la familia de la víctima: «Siento que la Justicia destina muchísimos recursos para darle a este femicida una salida transitoria una vez por mes en Villa Mercedes. Mientras tanto, la familia de Carla realiza denuncias por amenazas y hostigamiento y ni siquiera recibe el apoyo de la Policía de La Toma», denunció el letrado.
En términos logísticos y presupuestarios, el traslado de Pérez desde la cárcel de La Botija hasta el domicilio fijado en el Barrio Cuna de los Halcones II de Villa Mercedes implica una erogación presupuestaria desmedida:
Combustible e infraestructura: Se requiere un despliegue constante para cubrir el extenso trayecto de ida y vuelta.
Custodia penitenciaria: Cuatro efectivos deben custodiarlo de manera permanente durante las cuatro horas de salida y el traslado.
Presupuesto estimado: «A través del Tribunal de Cuentas hay que sacar un presupuesto aparte para viáticos y movilidad de los cuatro custodios. Calculamos un monto estimado de entre 3 y 4 millones de pesos por mes, pagados por todos los vecinos, para que este tipo vaya a ver a la mujer cuatro horas. El femicida tiene más derechos que la familia de la víctima», concluyó Del Signore.
«Nuestra voz merece ser escuchada»
Las declaraciones de la querella se suman al desgarrador testimonio brindado previamente a TUP por Claudine Pereira, hermana de Carla: «No estamos conformes con las salidas transitorias otorgadas al asesino de nuestra hermana. Para nuestra familia significa volver a revivir la peor tragedia. Mientras él tiene la posibilidad de volver a caminar por las calles, nosotros seguimos cargando con una condena que no termina nunca: la de extrañar a mi hermana cada día. Hay un hijo sin su mamá y lágrimas que siguen apareciendo. Solo pedimos que nuestra voz sea escuchada y que no se olviden de Carla.»
A más de nueve años del crimen, la familia Pereira se mantiene firme en los tribunales, aguardando que la Justicia revoque el dictamen y obligue a Nahir Nazareno Pérez a cumplir de manera efectiva e ininterrumpida la condena en prisión.
