El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley que plantea una profunda reforma del régimen de corretaje inmobiliario en la Argentina. La iniciativa forma parte del paquete de medidas de desregulación impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y apunta a flexibilizar el ejercicio de la actividad, ampliar la competencia y reducir la intervención estatal en el sector.
Uno de los principales cambios establece que para desempeñarse como corredor inmobiliario solo será necesario ser mayor de edad y contar con el título secundario completo, expedido o revalidado en el país. De esta manera, quedarían sin efecto las exigencias vinculadas con matrículas profesionales, colegiaturas y otros re quisitos previstos en las normativas provinciales.
El proyecto también habilita que el corretaje pueda ser ejercido tanto por personas humanas como por personas jurídicas, además de permitir expresamente la utilización de plataformas digitales y entornos virtuales para la prestación de servicios inmobiliarios.
La propuesta redefine, además, las facultades de los corredores. Entre otras funciones, podrán realizar tasaciones, solicitar informes registrales y catastrales, otorgar garantías en operaciones y representar a una de las partes durante la concreción de un negocio inmobiliario.
Otro de los ejes de la iniciativa es que toda regulación sobre la actividad deberá respetar los principios de libre competencia, igualdad de acceso y transparencia. En ese marco, el texto considera incompatibles con esos criterios las exigencias de residencia en una jurisdicción determinada y la fijación de aranceles mínimos, valores sugeridos o topes máximos para honorarios y comisiones. La reforma también contempla la derogación de artículos de la Ley 20.266 y del Código Civil y Comercial que regulan el régimen vigente de los corredores inmobiliarios.
Si el Congreso aprueba la iniciativa, el mercado inmobiliario argentino experimentará uno de los cambios regulatorios más importantes de las últimas décadas, con un esquema más flexible para el ingreso a la actividad y una menor intervención estatal en el funcionamiento del sector.
