La Cámara de Diputados volverá a la actividad en los primeros días de agosto con un proyecto clave para el Gobierno de Javier Milei: la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a facilitar el ingreso al sistema financiero de los dólares que permanecen fuera del circuito formal.
La Libertad Avanza buscará repetir el esquema de acuerdos que le permitió aprobar la norma original en diciembre y negociará con bloques dialoguistas, entre ellos el PRO, la UCR, Innovación Federal y fuerzas provinciales, para reunir los votos necesarios.
Las conversaciones serán encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto a los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, José Luis Espert y Laura Rodríguez Machado. Antes de iniciar el debate en comisión, el oficialismo intentará garantizar el respaldo de sus aliados, ya que sus 95 diputados no alcanzan para avanzar sin apoyo externo.
La iniciativa busca profundizar el objetivo de la legislación vigente y generar incentivos para que quienes mantienen ahorros no declarados los incorporen al sistema. Según estimaciones que maneja el oficialismo, todavía habría alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito financiero.
Entre los principales cambios figura la ampliación del acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, que hoy alcanza únicamente a contribuyentes con altos niveles de ingresos y patrimonio. Además, el proyecto elevará del 15% al 30% el margen de diferencia entre ingresos y bienes declarados para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda iniciar revisiones.
Por su parte, Unión por la Patria anticipó que presentará modificaciones para impedir que funcionarios públicos y sus familiares puedan acceder a este régimen. La propuesta, impulsada por el diputado Eduardo Valdés, surgió tras la polémica generada por la rectificación patrimonial realizada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, al amparo de la ley vigente.
