El Gobierno fue a la Corte por el freno a la reforma laboral

Según trascendió, el pedido fue impulsado por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo. La presentación se realizó mediante un “per saltum”.
18 de abril de 2026
La Corte Suprema deberá intervenir de manera directa en el conflicto judicial por la reforma laboral.

El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que intervenga de manera directa en el conflicto judicial por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de varios artículos clave de la norma.

La presentación se realizó mediante un “per saltum”, un mecanismo que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal, en busca de una resolución urgente.

Según se pudo saber, el pedido fue impulsado por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley tras una demanda presentada por la CGT.

El recurso apunta a que la Corte declare la validez de la reforma y suspenda los efectos de la medida cautelar dictada por un juzgado laboral, que había cuestionado la aplicación de la norma en todo el país.

Desde el Ejecutivo sostienen que ese tribunal no tenía competencia para intervenir en una ley de alcance nacional y remarcaron la necesidad de que el máximo tribunal unifique criterios en un conflicto que ya atraviesa distintas instancias judiciales.

La decisión se da en el marco de una fuerte disputa judicial en torno a la reforma laboral, que fue parcialmente suspendida a fines de marzo y cuyo futuro quedó sujeto a la definición de la Corte Suprema.

Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos judiciales y recuperar la vigencia de una de sus principales reformas económicas, en medio de la presión sindical y los cuestionamientos legales sobre su constitucionalidad.

Reforma inconstitucional

La semana pasada, el juez Raúl Ojeda hizo lugar a una acción presentada por la CGT, que solicitó la suspensión cautelar de varios artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral. En rigor, se trata de 83 artículos que afectan cuestiones clave para el Gobierno en materia de empleo.

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