Con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el gobierno oficializó ayer la baja de retenciones de entre 1 y 2 puntos porcentuales a los granos y derivados a través de la publicación del Decreto 877/2025 en el Boletín Oficial.
La medida reduce de manera permanente las alícuotas de los Derechos de Exportación para las principales cadenas agrícolas: soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, con el objetivo de “fortalecer la competitividad” del sector agroindustrial y profundizar la apertura comercial.
A partir de esta decisión, la soja pasará de pagar retenciones del 26% a 24%; subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%; y girasol, de 5,5% a 4,5%.
Según cálculos de diferentes entidades privadas, el recorte tendría un impacto fiscal que varía entre los US$500 millones y US$600 millones.
Existen diferentes estimaciones de cuál será el costo fiscal de la medida, que se traduce automáticamente como un alivio tributario para el sector. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que la merma en la recaudación del fisco se ubicará en US$ 511 millones para 2026, por lo que el ingreso por derechos de exportación alcanzaría los US$4.809 millones, un monto en línea con lo que se terminará percibiendo este año.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) cálculo que “el alivio fiscal que esta medida implica para el sector productivo ronda los US$ 600 millones, recursos que quedan directamente en manos de los productores y de toda la cadena agroindustrial”. Y la Fundación Mediterránea – Ieral calculó que la reducción tendría un costo de US$ 520 millones, proyectando la recaudación en este concepto en US$ 5.033 millones.
La administración nacional sostiene que los derechos de exportación constituyen un “impuesto distorsivo” y que la meta es avanzar hacia su eliminación total, siempre que lo permita el equilibrio fiscal.