La Libertad Avanza confía en reunir en el Senado los votos necesarios para avanzar con el proyecto de Ley de Zonas Frías, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. El oficialismo apunta a obtener dictamen y llevarlo al recinto durante septiembre, luego de cerrar acuerdos con los bloques aliados.
El Gobierno considera que la reforma es clave para reducir el impacto fiscal del actual régimen de subsidios al gas, que alcanza a unos cuatro millones de usuarios. Según el diagnóstico oficial, los recursos destinados a financiarlo no alcanzan para cubrir el costo del esquema vigente.
En paralelo, el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con gobernadores del Norte Grande para atender el mayor consumo eléctrico durante los meses de calor. El entendimiento fue alcanzado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con mandatarios de la región.
Participaron Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), además de equipos de Energía de las diez provincias del Norte Grande.
El nuevo esquema, que se implementará mediante una resolución del Poder Ejecutivo, prevé elevar de 300 a 550 kWh mensuales el consumo subsidiado en zonas muy cálidas y de 150 a 300 kWh en zonas cálidas, entre noviembre y abril.
El poroteo en el Senado
La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita sumar al menos 16 votos. El oficialismo espera el respaldo de siete radicales, tres del PRO, además de legisladores de Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Misiones e Independencia. También busca incorporar tres votos de Convicción Federal.
La iniciativa mantiene el régimen de subsidios al gas para la Patagonia, la Puna y Malargüe, pero limita el descuento general automático aplicado desde 2021 en distintas provincias.
El beneficio quedaría focalizado en esas regiones y en usuarios que acrediten condiciones de vulnerabilidad social. Además, el descuento pasaría a aplicarse sobre el consumo y no sobre el total de la factura, uno de los principales puntos de rechazo de la oposición.
El oficialismo también busca sumar a todo el radicalismo al acuerdo. Por ahora, los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri mantienen su rechazo al proyecto.
Carbono: una señal a los aliados
El oficialismo habilitó en el Senado el tratamiento de dos proyectos sobre el mercado voluntario de créditos de carbono, en una señal hacia la UCR, el PRO y los bloques provinciales, que reclaman ampliar el temario de la próxima sesión.
La Libertad Avanza busca recomponer el diálogo luego del traspié con la ley de propiedad privada. La intención inicial era sesionar el 27 de agosto, pero gana fuerza la posibilidad de hacerlo a comienzos de septiembre, con un temario más amplio que incluya iniciativas reclamadas por los bloques dialoguistas.
Además de la Ley Hojarasca y los pliegos, el oficialismo analiza sumar el mercado voluntario de carbono, la Ley de Zonas Frías -tras el acuerdo con los gobernadores del norte- y la reforma electoral.
Los proyectos sobre carbono, impulsados por las senadoras Flavia Royón (Primero los Salteños) y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones), fueron analizados en un plenario de las comisiones de Ambiente, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.
Las iniciativas establecen presupuestos mínimos para el desarrollo de un mercado voluntario de créditos de carbono y buscan generar un marco jurídico para registrar y comercializar proyectos de reducción de emisiones.
Entre otros puntos, proponen crear el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), regular los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y exigir que los créditos sean validados por entidades acreditadas.
También contemplan incentivos fiscales para fomentar inversiones: exención de Ganancias durante cinco años para los ingresos de la primera venta de créditos -con excepción de proyectos alcanzados por el RIGI-, amortización acelerada de inversiones tecnológicas y estabilidad fiscal por 15 años para proyectos registrados.
Para Royón, el mercado de carbono puede convertirse en una vía de financiamiento y desarrollo productivo. Rojas Decut destacó la experiencia de Misiones y definió la iniciativa como una “nueva arquitectura económica”.
