Tras la amplia aprobación en Diputados, el Senado se prepara para debatir el proyecto que crea un Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La sesión fue diseñada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, e incluirá además la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La iniciativa reforma una norma vigente desde la dictadura y combina un enfoque punitivo con herramientas de resocialización. Si bien el punto más visible es la baja de la edad, el texto establece sanciones alternativas a la prisión, prohíbe que menores compartan lugares de detención con adultos y fija un máximo de 15 años de cárcel, descartando la reclusión perpetua.
El esquema prevé que para delitos con penas menores a tres años no haya prisión. En casos con condenas de entre tres y diez años, cuando no haya muerte o lesiones graves, se priorizarán medidas socioeducativas.
Uno de los cambios incorporados en comisión fue garantizar financiamiento: más de $20 mil millones para la Defensoría General y más de $3 mil millones para el Ministerio de Justicia, evitando que la aplicación quede sujeta a discrecionalidad presupuestaria. El proyecto se enmarca en la postura del presidente Javier Milei, sintetizada en la consigna “el que las hace las paga”.
Para el oficialismo, un joven de 14 años comprende la criminalidad de sus actos y debe responder ante la ley. La idea es elevar los costos para quienes delinquen, en este caso a los menores de edad, y que tomen consciencia de a qué consecuencias se exponen si siguen el camino del delito.
Desde la oposición más dura, refractaria a la reforma, señalan que no hay evidencia empírica real en Latinoamérica ni el mundo que respalde la idea de que aplicando más severamente el Código Penal sobre menores bajen los índices de criminalidad o delincuencia.
Brasil, por caso, bajó la edad de imputabilidad a los 12 años y la tasa de homicidios en dicho país, lejos de bajar, trepó a 23.1 cada 100 mil habitantes, un número escalofriante desde todo punto de vista.
Por otro lado, Argentina, que tiene la imputabilidad desde los 16 años, registra una tasa de homicidios de 4.2 cada 100 mil habitantes, siendo la más baja de todo Latinoamérica.
La oposición sostiene que el problema de la criminalidad juvenil es estructural y obedece a una matriz histórica de exclusión social que deja a la deriva a miles de jóvenes que sienten que no tienen nada que perder y son empujados al delito por desesperación y falta de oportunidades.
