Esta semana el Superior Tribunal de Justicia de San Luis (STJ) le puso un punto final definitivo al caso de la desaparición de Abel “Pochi” Ortiz, al menos, en el tratamiento judicial. Pues ratificó, por unanimidad, el veredicto que deslindó de toda responsabilidad a los tres acusados, los sospechosos de siempre que tuvo la causa.
La familia de Abel “Pochi” Ortiz nunca dejó de buscar al joven, desde que desapareció el 16 de septiembre de 2014. Y nunca dejará de hacerlo, le confirmó hace un mes a Todo Un País, cuando se cumplieron 12 años de la última vez que lo vieron. Pero la etapa judicial de esa causa ya la dieron por cerrada. Perdieron toda esperanza en los tribunales el año pasado, cuando la ex de Abel, la peluquera Alejandra Espinosa, su amiga María Vázquez y el excomisario Marcelo Acevedo fueron absueltos luego de dos meses de juicio.
El 2 de febrero último el fiscal de juicio Néstor Lucero interpuso un recurso de casación contra el fallo de primera instancia, aquel que fue dictado el 19 de noviembre. Entre otros argumentos expuso que la mayoría del tribunal, conformado por los jueces Eugenia Zabala Chacur, José Luis Flores y Sandra Ehrlich, había hecho una valoración insuficiente de las pruebas ventiladas en el debate oral.
El funcionario del Ministerio Público Fiscal (MPF) cuestionó el modo en que Zabala Chacur y Flores presidieron casi todas las audiencias, dado que no fue de manera presencial, sino a través de videollamadas, desde la ciudad de San Luis.
La única magistrada que estuvo de cuerpo presente en la sala de debates fue Ehrlich, quien es de Villa Mercedes y, además, era la presidente de ese tribunal. También fue la única que votó a favor de condenar a Espinosa, Vázquez y Acevedo. Los otros dos, en cambio, coincidieron en que había que dejar libre de cargo y culpa al resto.
Para Lucero, esa modalidad de llevar adelante el juicio afectó el principio de inmediación, que debe existir para garantizar el contacto directo de los magistrados con la parte acusatoria, la querellante y la defensa y los elementos probatorios ventilados.
Por el contrario, el STJ, compuesto por los jueces Eduardo Segundo Allende, Andrea Carolina Monte Riso, Jorge Alberto Levingston y José Guillermo L’Huillier, entendió que la participación vía videollamada no vulneró el principio de inmediación, ni perjudicó el “debido proceso”. Remarcaron, por otro lado, que en su apelación el fiscal tampoco fue claro a la hora de identificar los defectos por los cuales consideraba que las pruebas no fueron correctamente valoradas por el tribunal de primera instancia.
Espinosa, Vázquez y Acevedo fueron juzgados por “asociación ilícita” una figura que en la jerga judicial no es fácil de probar. La teoría de los fiscales Lucero y Leandro Estrada era que los tres constituyeron una banda de criminales en la que el excomisario, en su rol de jefe policial, “liberaba zonas” en Villa Mercedes; la peluquera “reclutaba” y formaba jóvenes para delinquir, y su amiga le daba una mano en todo ese andamiaje delictivo que incluía robos, ataques a tiros y hasta borrar de la faz de la tierra a una persona: Abel Ortiz.
Una búsqueda sin fin
El 16 de septiembre de 2014 “Pochi” salió de la casa de Marcela, una de sus hermanas, en el barrio Ribera de Villa Mercedes. Antes de irse, cuando ya estaba debajo del umbral de la puerta, le dijo: «Voy al gimnasio y después paso por lo de la Ale (su ex)». Implícitamente le avisaba a la mujer que no se preocupara, porque se iría tan solo por un momento y, enseguida, volvería. Pasaron 12 largos años y el hombre, que hoy tendría unos 41 años, nunca regresó. Aunque ya no cuentan con la “justicia del hombre”, su familia dijo que nunca perderá la fe en la “justicia divina”, ni mucho menos bajará los brazos hasta encontrar a Abel.
