La representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación vuelve al centro de la discusión institucional, con una elección que definirá quiénes tendrán voz en las decisiones vinculadas con la selección de jueces, el control disciplinario y el funcionamiento de la Justicia Federal y Nacional.
En la antesala de los comicios del próximo 20 de octubre, la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, desarrolla una campaña federal que incluye encuentros con profesionales de distintos puntos del país. En ese marco, sus integrantes visitaron San Luis para dar a conocer sus propuestas y escuchar los planteos de quienes trabajan diariamente ante los tribunales federales.
La elección renovará las cuatro representaciones correspondientes a la abogacía en el Consejo de la Magistratura, con mandatos de cuatro años. Se trata de un espacio institucional clave, ya que interviene en los concursos para cubrir cargos de magistrados de los tribunales inferiores, ejerce atribuciones disciplinarias sobre los jueces y participa en la administración de los recursos del Poder Judicial de la Nación.
Aunque la votación está destinada a los profesionales habilitados, las definiciones del organismo tienen un impacto que excede al ámbito de la abogacía y alcanza a todos aquellos ciudadanos que necesitan una respuesta de la Justicia.
Una representación que contemple las realidades del interior
La nómina de la Lista 3 es encabezada por Alberto “Nacho” Biglieri, quien cuenta con experiencia previa en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como segunda candidata titular se presenta Claudia Sarmiento, abogada de San Juan con trayectoria en la representación colegial. La lista también reúne referentes vinculados con instituciones profesionales de Córdoba y Mendoza.
Uno de los ejes de la propuesta es fortalecer la participación de las provincias en un organismo cuyas decisiones repercuten en todo el país. Desde el espacio sostienen que las dificultades para ejercer la profesión varían de una jurisdicción a otra y que esas diferencias deben ser contempladas al momento de definir políticas para la Justicia.
Durante la visita a San Luis, Sarmiento explicó que el recorrido por distintas provincias apunta a conocer las problemáticas concretas de los abogados y evitar que las decisiones se construyan únicamente desde una perspectiva centralizada.
Entre las principales preocupaciones mencionó las demoras en los expedientes, los inconvenientes en el vínculo cotidiano con los juzgados, las falencias de infraestructura, las limitaciones tecnológicas y las diferencias de criterio en la regulación de honorarios.
La candidata remarcó que el ejercicio profesional en distritos como San Luis, San Juan, Jujuy o Chubut presenta características que no necesariamente coinciden con las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, la propuesta de la agrupación es establecer canales permanentes de comunicación con colegios, federaciones y asociaciones de abogados para llevar esos reclamos al ámbito nacional.
Cambios en los concursos para elegir jueces
Otro de los principales planteos de la agrupación apunta al sistema de concursos para cubrir vacantes judiciales. Desde la Lista 3 cuestionan que los mecanismos de evaluación vigentes puedan favorecer a quienes desarrollaron su carrera dentro de la estructura de los tribunales por sobre los profesionales que ejercen de manera independiente.
Frente a ese escenario, proponen revisar los criterios de selección y los reglamentos para otorgar una valoración más equilibrada a las distintas trayectorias profesionales.
El objetivo es que la experiencia adquirida en el ejercicio de la abogacía litigante tenga un reconocimiento comparable con la antigüedad y el recorrido dentro del Poder Judicial. Según el planteo de Sarmiento, una valoración más equitativa permitiría ampliar las oportunidades de acceso a la magistratura e incorporar perfiles con experiencia directa en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
La lista también reclama mayor claridad en los procedimientos de selección y reglas que reduzcan los márgenes de discrecionalidad, con el propósito de garantizar condiciones más transparentes y equitativas para todos los postulantes.
Tecnología e inteligencia artificial para reducir demoras
La transformación digital es otro de los puntos centrales de la plataforma electoral. Para la agrupación, la incorporación de nuevas herramientas debe contribuir a resolver uno de los problemas más señalados por los profesionales: los tiempos de respuesta de la Justicia.
Sarmiento sostuvo que todavía hay trámites sencillos que pueden demorar semanas y que esa situación repercute tanto en el trabajo de los abogados como en las personas que esperan una resolución.
En ese sentido, la propuesta contempla avanzar en la digitalización de procedimientos y aprovechar los recursos tecnológicos disponibles para agilizar tareas administrativas y evitar demoras que no resulten necesarias.
La inteligencia artificial también aparece entre las alternativas que el espacio propone debatir e incorporar de manera responsable. La iniciativa apunta a utilizar estas herramientas para resolver tareas simples, optimizar procesos y mejorar los tiempos de respuesta, sin reemplazar las funciones ni las responsabilidades propias de jueces y funcionarios.
Desde la Lista 3 consideran que la modernización debe avanzar con criterios de transparencia y control, de modo que la tecnología se convierta en un instrumento para mejorar el servicio de justicia y no en un factor que genere nuevas desigualdades.
Siete ejes para una gestión con mayor transparencia
La plataforma de Unidad en Defensa de la Abogacía reúne siete compromisos vinculados con la transparencia y el mérito en la selección de magistrados, la independencia judicial, la defensa del ejercicio profesional, la rendición de cuentas, la evaluación del funcionamiento de los tribunales, la modernización tecnológica y una formación judicial abierta y plural.
Entre las iniciativas destacadas figura la publicación de las posiciones que adopten sus representantes dentro del Consejo de la Magistratura, junto con información sobre las gestiones realizadas y sus resultados.
La intención es que los abogados puedan conocer qué decisiones respaldan sus representantes, cuáles son sus argumentos y qué avances se producen a partir de los reclamos presentados.
Para concretar ese objetivo, la agrupación plantea trabajar en coordinación con las instituciones que nuclean a los profesionales de todo el país. Sarmiento señaló que los cuatro representantes de la abogacía no pueden mantener por sí solos un contacto directo y permanente con cada abogado, por lo que consideró fundamental fortalecer el vínculo con los colegios y las asociaciones de cada jurisdicción.
El espacio también reivindica la continuidad del trabajo iniciado en 2022 por Abogados en Acción, que cuenta con representación en el Consejo de la Magistratura a través de la consejera Jimena de la Torre.
Una campaña con alcance federal
La visita a San Luis forma parte de una agenda de recorridas que incluye a Mendoza, San Juan, Neuquén y otras provincias. La estrategia busca sumar las inquietudes de los profesionales del interior a una discusión que, por la relevancia de las atribuciones del Consejo de la Magistratura, tiene consecuencias para el conjunto del sistema judicial.
Con la elección del 20 de octubre como horizonte, la Lista 3 propone poner en debate el acceso a los cargos judiciales, la eficiencia de los tribunales, las condiciones para ejercer la profesión y la necesidad de una representación que rinda cuentas ante quienes la eligen.
El desafío, de acuerdo con los ejes presentados durante la visita, es que las particularidades de cada provincia no queden relegadas en las decisiones nacionales y que la experiencia de los abogados que trabajan a diario en los tribunales del interior tenga un lugar efectivo en la discusión sobre el futuro de la Justicia argentina.
