Siete empresas señaladas como fantasmas, cinco personas que dijeron desconocer que figuraban al frente de algunas de ellas, 116 cheques bajo investigación —solo cuatro confeccionados correctamente, según la Fiscalía—, facturación millonaria, pagos que terminaban en manos de terceros y documentación destruida antes del cambio de gobierno. Esos son algunos de los elementos reunidos por el Ministerio Público Fiscal en la investigación por el manejo de los fondos públicos del Complejo Molino Fénix.
La causa terminó esta semana con Anabela Lucero, su hermano Enzo Lucero y Exequiel Scarel bajo prisión preventiva por 60 días. El juez Santiago Ortiz también dispuso la misma medida para Joaquín Beltrán, pareja de la exdiputada, aunque su detención depende del eventual desafuero por parte de la Cámara de Diputados debido a su condición de legislador provincial.
El Ministerio Público Fiscal les atribuyó los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y ocultamiento y destrucción de evidencia. Según la teoría expuesta por el fiscal José Olguín, Lucero y Beltrán ocupaban la jefatura de una estructura organizada que habría utilizado bienes y fondos públicos para beneficio personal, de terceros y para financiar actividades políticas.
El daño económico estimado hasta el momento supera los $900 millones. La cifra no es definitiva: todavía quedan pericias por realizar y una de las líneas centrales de la investigación apunta precisamente a determinar quiénes terminaron recibiendo parte del dinero.
Siete empresas y un circuito de cheques
Uno de los elementos más relevantes de la acusación surgió al analizar las contrataciones y los pagos realizados desde el Molino Fénix.
La Fiscalía detectó siete empresas señaladas como fantasmas y cinco personas físicas que, de acuerdo con la hipótesis investigativa, habrían funcionado como intermediarias para desviar fondos. Las firmas aparecen registradas en la base APOC de ARCA, vinculada con contribuyentes o comprobantes considerados apócrifos o sin capacidad operativa o fiscal compatible con las operaciones declaradas.
Dos de esas empresas facturaron al Molino Fénix alrededor de $135 millones.
Según explicó Olguín durante la audiencia, las empresas emitían facturas pero no prestaban servicios al organismo ni tenían domicilio real. Los pagos se realizaban mediante cheques que podían ser endosados y cobrados posteriormente por terceros.
Ese punto es central para la investigación porque ahora la Fiscalía intenta determinar quiénes fueron los destinatarios finales de esos fondos.
Los investigadores contabilizaron 116 cheques firmados por Scarel. De acuerdo con la acusación, solamente cuatro estaban confeccionados correctamente. También fueron detectados otros 34 cheques de $50 mil emitidos bajo el concepto de ayuda económica.
La investigación alcanzó además a quienes aparecían formalmente como responsables de algunas de las empresas.
Al menos cinco personas declararon ante la Fiscalía que desconocían la existencia de las firmas que figuraban a sus nombres. Según esos testimonios, habían concurrido a una escribanía creyendo que firmaban documentación que los autorizaba a realizar trámites y obtener algún ingreso.
Frente a esos elementos, el juez Ortiz ordenó levantar los secretos fiscal, bancario y bursátil de las sociedades y personas involucradas, además de los cinco imputados. La medida busca reconstruir el recorrido del dinero y establecer quién cobró finalmente los cheques.
El uso de los fondos
Las pericias contables permitieron incorporar otras operaciones que la Fiscalía considera parte de la maniobra defraudatoria.
Entre ellas aparece la utilización de fondos públicos para gastos que, según la acusación, no estaban relacionados con las actividades del Molino Fénix.
La investigación sostiene que se realizaron contrataciones directas con empresas radicadas fuera de San Luis que no eran proveedoras del Estado y que se contrataron bienes o servicios ajenos a las actividades propias del complejo.
También se incorporaron elementos sobre el uso de recursos del organismo durante la campaña electoral de 2023, cuando Lucero fue candidata a intendenta de Villa Mercedes.
Según la investigación, empleados estatales fueron utilizados para armar bolsones de alimentos; vehículos oficiales fueron afectados a actividades proselitistas y con fondos del Molino se afrontaron gastos vinculados con sedes partidarias.
La causa documentó además un viaje realizado en un vehículo del organismo hasta Córdoba para retirar material de campaña. Según la acusación, existe evidencia de que Beltrán le pidió a Diego Torres que efectuara el pago por la impresión de esos folletos.
La Fiscalía también investigó una cuenta para la carga de combustible en una estación de servicio. De acuerdo con la información incorporada a la causa, había 14 personas autorizadas, 22 vehículos registrados y alrededor de 5.900 litros cargados.
Las conversaciones recuperadas de los teléfonos
El avance de las pericias sobre los teléfonos celulares agregó otro tipo de evidencia.
Los investigadores recuperaron conversaciones entre algunos de los acusados relacionadas con el retiro de bienes del Molino Fénix.
En los intercambios los involucrados acordaban cómo retirar muebles del complejo y dónde ubicar un vehículo para evitar ser observados.
Esas conversaciones fueron contrastadas con imágenes de cámaras de seguridad externas que registraron el retiro de mobiliario mediante una camioneta con tráiler.
Uno de los hechos documentados ocurrió en junio de 2023, pocos días después de las elecciones provinciales. La investigación sostiene que Beltrán y Torres llegaron a la Casa de la Música y retiraron muebles y otros elementos que fueron trasladados hasta una sede partidaria de Lucero.
La Fiscalía considera que esos registros, sumados a las conversaciones recuperadas de los teléfonos y a los testimonios incorporados al expediente, permiten reconstruir parte de los movimientos de bienes pertenecientes al Estado.
Computadoras, documentación y un horno de barro
El tercer núcleo de la acusación está relacionado con lo sucedido en los últimos meses de 2023 y, particularmente, en los días previos al cambio de gobierno.
La Fiscalía sostiene que los imputados sustrajeron mobiliario, equipos tecnológicos y documentación del Molino Fénix y la Casa de la Música.
Uno de los episodios investigados ocurrió el 9 de diciembre de 2023, un día antes de la asunción de las nuevas autoridades provinciales.
Según la evidencia incorporada a la causa, ese día se realizaron movimientos de computadoras y notebooks y se retiró documentación. También se detectaron faltantes en distintas dependencias del complejo.
Pero la acusación no se limita a la sustracción de esos elementos.
La Fiscalía sostiene que parte de los registros contables y administrativos correspondientes a los años investigados fue quemada en un horno de barro ubicado dentro del predio del Molino Fénix.
Otra documentación habría sido colocada en bolsas y trasladada hasta el basural de la zona del Kilómetro 4.
La investigación cuenta con testimonios sobre esas maniobras y también con evidencia fílmica. Según los elementos incorporados al expediente, en el automóvil de Lucero fueron cargadas bolsas que posteriormente terminaron en ese basural.
Los investigadores detectaron además el borrado de memorias de computadoras y de grabaciones pertenecientes a cámaras de seguridad.
Esos hechos constituyen la base de la imputación por ocultamiento y destrucción de evidencia.
El borrado remoto de los celulares
Dentro de ese capítulo existe un episodio que la Fiscalía atribuye específicamente a Lucero y Beltrán.
Ambos tenían teléfonos celulares secuestrados por orden judicial y los dispositivos debían ser sometidos a pericias.
Según la acusación, mientras los aparatos se encontraban bajo custodia del Poder Judicial, información almacenada en esos teléfonos fue eliminada de manera remota.
La Fiscalía incorporó ese episodio como un hecho adicional dentro de la acusación por destrucción de elementos destinados a servir como prueba.
Las pericias sobre los dispositivos adquirieron particular relevancia porque otros teléfonos secuestrados sí permitieron recuperar conversaciones que fueron incorporadas al expediente.
Ahora, seguir el dinero
La investigación todavía no está cerrada.
Una de las cuestiones centrales que permanece pendiente es establecer el destino final de parte de los fondos que salieron del Molino Fénix.
Por eso el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil aparece como una de las medidas más importantes de la nueva etapa de la causa. Los investigadores buscarán reconstruir quiénes cobraron los cheques, qué relación tenían con las empresas investigadas y dónde terminó finalmente el dinero público.
La acusación del Ministerio Público Fiscal sostiene que no se trató de irregularidades administrativas aisladas, sino de una organización con división de funciones que operó entre 2020 y 2023.
Esa es, por ahora, la hipótesis que deberá probarse durante el proceso judicial.
Los hechos descriptos corresponden a la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal y a los elementos que fueron incorporados al expediente y expuestos durante las audiencias judiciales. Toda la documental es parte de la prueba presentada y a partir de la cual el juez dictaminó la prisión preventiva de Lucero y sus colaboradores.
