El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, activó un plan de ajuste del 10% sobre el gasto público que impactará en toda la estructura estatal, con excepción de los salarios y las transferencias a municipios. La decisión alcanza a ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas y también a los poderes Legislativo y Judicial.
La medida apunta a reducir cerca de $198.000 millones de un universo de gasto estimado en $1,98 billón, dentro de un presupuesto total de $9,43 billones. Desde el Centro Cívico confirmaron que el recorte tendrá carácter igualitario para todas las áreas alcanzadas, y que ya funciona una comisión específica para controlar su ejecución.
El ajuste marca un cambio de tono en la administración provincial. Durante gran parte de su gestión, Llaryora evitó profundizar recortes, pero el contexto económico terminó por imponer límites. La principal señal de alerta es la caída sostenida de los ingresos nacionales, que acumulan ocho meses consecutivos en baja real.
En el primer trimestre del año, tributos clave como el IVA registraron una baja del 10% interanual, mientras que Ganancias cayó un 4%, afectando directamente los recursos coparticipables.
Presión salarial y empresas del Estado
En forma paralela al ajuste, el gobierno provincial enfrenta crecientes demandas en materia de remuneraciones. Desde la provincia reconocen que los sueldos están retrasados y avanzan negociaciones que contemplan subas de hasta el 40% anual, lo que incrementa el gasto mensual de manera significativa.
Otro foco del ajuste está puesto en las empresas del Estado, donde el Ejecutivo busca limitar márgenes de autonomía y optimizar recursos. La intención es que algunas de estas estructuras puedan absorber obras o servicios sin ampliar el gasto público, en áreas estratégicas como energía e infraestructura.
Obra pública y perspectivas
En cuanto a la obra pública, si bien los proyectos de mayor envergadura cuentan con financiamiento asegurado, desde el Gobierno admiten que podrían ralentizarse algunos frentes en función de la evolución económica.
Desde el entorno del gobernador señalan que, si la economía mejora, el panorama podría cambiar, aunque reconocen que el margen de maniobra es cada vez más estrecho. El objetivo declarado es sostener el equilibrio fiscal sin resignar el funcionamiento del Estado provincial.
