Extienden la preventiva de un acusado de distribuir material de abuso sexual infantil

El Tribunal de Impugnaciones de San Luis resolvió, por unanimidad, extender la prisión preventiva de Luis Eduardo Bonilla, de 72 años, una de las cuatro personas detenidas en la capital puntana durante la redada internacional contra el abuso infantil «Aliados por la Infancia V”.
El 28 de agosto pasado, la jueza de Garantía N° 3, Natalia Lazarte, había dispuesto esa medida cautelar por el término de 90 días. Pero la Fiscal de Género N° 2, Antonella Córdoba, presentó un recurso de revisión de esa medida. Pidió ampliar el plazo de la preventiva para Bonilla, investigado por el delito de facilitación, distribución, publicación y divulgación de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, agravado por involucrar a víctimas menores de 13 años.
Córdoba dijo que la jueza, en su resolución, “no realizó una valoración correcta de los fundamentos esgrimidos por la fiscalía, de manera integral con todos los elementos que debemos recabar y la necesidad de cautelar el proceso”.
La fiscal remarcó que la evidencia digital “es volátil, alterable y fácilmente modificable en forma remota, por lo que requiere plazos más amplios de investigación y un tratamiento especializado en laboratorio forense”.
Por ello, consideró que no resulta viable aplicar medidas menos gravosas, como el arresto domiciliario, ya que “se trata de delitos cometidos a través de TIC y dispositivos telemáticos que permiten continuar con la actividad incluso frente al encierro domiciliario”.
También subrayó la gravedad del caso: “Estamos ante un delito de inusitada gravedad, con víctimas en extrema vulnerabilidad que están siendo utilizadas en cada una de estas 2.500 acciones”. En ese marco, sostuvo que la extensión a 120 días de la prisión preventiva “no es un pedido caprichoso, sino proporcionado a la complejidad de la investigación”.
El defensor adjunto de Niñez y Adolescencia N° 3, Nahuel Jorge Lede Zajic, coincidió con la Fiscalía en la necesidad de diferenciar entre los plazos de la investigación penal preparatoria (IPP) y los plazos de la medida de coerción, y remarcó que los jueces de Garantía deben asumir un rol más proactivo al momento de resolver estos términos.
Señaló que se trata de una causa de “complejidad adicional” que justifica un plazo más extenso de lo habitual, tanto por la naturaleza de la criminalidad investigada como por la necesidad de preservar datos aún en etapa de peritaje, que podrían ser vulnerados o eliminados.
La defensa del imputado, representada por la defensora oficial Penal N° 2, Nadia Agúndez, rechazó el planteo de la Fiscalía.
El tribunal integrado por Yanina Del Viso, Laura Molino y Jorge Sabaini Zapata escuchó a las partes, pasó a deliberar y luego dio a conocer su decisión: el plazo de la medida de coerción quedó establecido en 120 días.
Bonilla, nativo de la provincia de Chaco, fue detenido el martes 26 de agosto, cuando allanaron su casa de la manzana 341 del barrio 123 Viviendas, en la zona noreste de la ciudad de San Luis, como parte del operativo «Aliados por la Infancia V”, que incluyó procedimientos en quince países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
En la Argentina hicieron más de 50 allanamientos en 13 jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán.
En San Luis, además de la casa de Bonilla, allanaron los domicilios de Adrián Tobio Morán, de 30 años, Gastón Nelson Salinas, de 44, y Emilio Soria. Ahora los cuatro están en la Penitenciaría, con prisión preventiva.