El juez federal Martín Cormick concedió la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo que avaló la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, dispuso que continúe la ejecución de la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con la normativa.
El magistrado, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, habilitó así la intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá resolver si confirma o revoca la decisión de primera instancia.
En su resolución, Cormick estableció que seguirá adelante el trámite para garantizar el cumplimiento de la cautelar vigente. La medida ordena otorgar partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades nacionales, recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
Los argumentos del Gobierno
El Ministerio de Capital Humano cuestionó el fallo al considerar que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y compromete el equilibrio fiscal. En la apelación, las autoridades sostuvieron que aplicar la ley tendría un fuerte impacto presupuestario y advirtieron que no se identificó una fuente de financiamiento específica y suficiente para cubrir los gastos.
Según el planteo oficial, la implementación de la norma mediante reasignaciones presupuestarias podría comprometer el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional.
Además, el Gobierno pidió que las disposiciones sobre financiamiento universitario sean interpretadas en conjunto con las leyes que regulan la administración y ejecución del gasto público.
Ahora, la Cámara deberá analizar los argumentos de las partes y definir el futuro del fallo. Mientras tanto, la apelación no suspende el cumplimiento de la cautelar, por lo que las obligaciones fijadas por la Justicia continúan vigentes.
