La decisión del juez Marcos Flores Leyes de sobreseer a la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez y al exsecretario general de la Gobernación Miguel Ángel «Micky» Berardo tendrá un nuevo capítulo judicial. Fiscalía de Estado confirmó que apelará el fallo porque considera que el magistrado realizó una interpretación equivocada de las normas que regulan la prescripción de la acción penal.
La resolución, dictada el lunes 26 de octubre, dispuso el sobreseimiento de los dos exfuncionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá en una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de obras destinadas a la construcción de dos canchas de fútbol con césped sintético en la Universidad de La Punta.
El cuestionamiento de Fiscalía de Estado se concentra en el fundamento utilizado para declarar extinguida la acción penal. Según explicaron fuentes del organismo, la acusación fue formulada dentro del plazo legal, aunque su notificación a las defensas se produjo posteriormente.
Para los representantes del Estado provincial, esa diferencia resulta determinante porque el artículo 67 del Código Penal establece que uno de los actos que interrumpe la prescripción es el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma prevista por la legislación procesal correspondiente.
Desde Fiscalía sostienen que ese acto procesal se cumplió en tiempo y forma y que, por lo tanto, no correspondía declarar prescripta la causa. Sin embargo, el fallo introduce una cuestión que estará en el centro de la apelación: no solamente cuándo se confeccionó la acusación, sino si existen constancias suficientes para acreditar que fue presentada formalmente antes del vencimiento del plazo.
De acuerdo con los antecedentes de la resolución, el plazo de prescripción vencía el 6 de agosto de 2026. La acusación llevaba fecha del día anterior, el 5 de agosto, mientras que las defensas recibieron la comunicación el 21 de ese mes.
Flores Leyes consideró que no estaba acreditada mediante una constancia objetiva la presentación oportuna del requerimiento acusatorio. Fiscalía de Estado, en cambio, sostiene que la acusación se realizó dentro del plazo y que existen fundamentos para revertir la decisión. Cuestionamientos por las demoras en la investigación
La apelación también estará acompañada por un fuerte cuestionamiento a las demoras que tuvo la investigación durante su tramitación.
Una fuente judicial de Fiscalía de Estado aseguró que el expediente permaneció prácticamente paralizado durante dos años, pese a los reiterados pedidos del organismo para que avanzara la investigación.
Los cuestionamientos apuntan particularmente a la actuación del fiscal Ricardo Barbeito, a quien atribuyen una demora injustificada en el impulso de la causa. Según la misma fuente, Fiscalía de Estado cuenta con presentaciones escritas que documentan los reclamos realizados durante ese período. También señaló que la investigación recién recuperó impulso después de la condena dictada contra Ramírez en otra causa judicial.
De todos modos, el organismo sostiene que esas demoras no modifican el punto central de su planteo: la acusación se habría formulado antes del vencimiento del plazo de prescripción y, por consiguiente, corresponde que la investigación continúe.
Una causa por contrataciones millonarias
La investigación contra Ramírez y Berardo se originó en contrataciones realizadas durante las últimas semanas del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, en noviembre de 2023.
Los dos exfuncionarios fueron imputados en septiembre de 2024 por tres hechos de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, vinculados con contratos adjudicados a la empresa MyD Construcciones SRL.
Las contrataciones contemplaban trabajos de movimiento de suelo, cerramiento y preparación de terrenos para la colocación de césped sintético en dos canchas de fútbol de la Universidad de La Punta.
La investigación puso bajo sospecha desembolsos por aproximadamente 87,5 millones de pesos, realizados en diciembre de 2023, pocos días antes del cambio de gobierno.
Entre las irregularidades denunciadas figuraban la contratación directa de la empresa, los anticipos financieros y la presunta falta de ejecución de los trabajos comprometidos.
La causa avanzó hasta que los abogados defensores solicitaron su cierre por prescripción, planteo que finalmente fue aceptado por Flores Leyes. Con la decisión de recurrir el fallo, Fiscalía de Estado buscará que una instancia judicial superior revise los fundamentos del sobreseimiento y determine si corresponde mantener extinguida la acción penal o permitir que el proceso continúe.
